En el marco del juicio por la expropiación de YPF, la jueza Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, ordenó que el Estado argentino entregue los teléfonos celulares de funcionarios y exfuncionarios para su análisis judicial. La decisión se conoció tras una audiencia realizada en Estados Unidos y representa un nuevo avance en el proceso que impulsa el fondo Burford Capital.
Además de la medida sobre los dispositivos móviles, Preska solicitó información detallada sobre el Banco Central, Aerolíneas Argentinas, el Banco Nación y Enarsa, con el fin de analizar la disponibilidad de activos que podrían ser utilizados para afrontar una eventual sentencia en contra del país.
La causa judicial, iniciada por Burford Capital, tiene como eje la estatización de YPF en 2012, durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, y el reclamo asciende a varios miles de millones de dólares.
La resolución judicial suma tensión al escenario político y económico del Gobierno argentino, que sigue con atención cada movimiento en el tribunal neoyorquino, en busca de evitar un fallo con consecuencias severas para el país.
