El pasado viernes, 19 exmilitares condenados por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar fueron trasladados del penal de Ezeiza a la unidad penitenciaria de Campo de Mayo. Entre los detenidos se encuentran figuras emblemáticas del terrorismo de Estado, como Alfredo Astiz y Carlos Suárez Mason.
La medida responde a una reestructuración del Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, que será destinado exclusivamente al alojamiento de mujeres y presos de “alto perfil”. Como parte de este proceso, varios internos fueron reubicados en distintas unidades del país.
El traslado generó fuertes críticas por parte de organismos de derechos humanos, que advirtieron sobre posibles privilegios hacia los represores. Desde el Gobierno, en cambio, aseguraron que la unidad 34 de Campo de Mayo “no es una cárcel VIP”, y recordaron que durante gestiones anteriores, incluso en el kirchnerismo, esa misma prisión alojó a detenidos por crímenes de lesa humanidad.
Además de los represores, también fue trasladado a Campo de Mayo el exsecretario de Transporte Ricardo Jaime, condenado por hechos de corrupción durante su paso por el gobierno nacional.
La unidad penitenciaria 34 de Campo de Mayo fue reacondicionada en 2007, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, y se encuentra bajo jurisdicción del Servicio Penitenciario Federal. Las autoridades señalaron que el objetivo principal es adaptar el sistema carcelario a los nuevos requerimientos, con mejoras edilicias y una mejor clasificación de la población detenida.
