El municipio de Zapala presentó un proyecto de ordenanza para adherir a la Ley 3531, sancionada esta semana en la Legislatura Provincial, que establece la obligación de realizar exámenes toxicológicos a autoridades y funcionarios.
La propuesta busca enviar señales claras de responsabilidad y ética a la ciudadanía, con el objetivo de reforzar la confianza en quienes ejercen funciones públicas.
Los análisis serán sorpresivos y confidenciales. En caso de un resultado positivo, el funcionario podrá ejercer su derecho a la defensa, conforme a los procedimientos previstos en la normativa.
El procedimiento prevé un test rápido inicial y, si el resultado es positivo, la confirmación en laboratorio, con la opción de solicitar una contraprueba. De ratificarse el positivo, cada órgano deliberativo deberá decidir sobre la continuidad del funcionario en el cargo.
Con la presentación del proyecto, el Concejo Municipal deberá tratar la ordenanza para implementar oficialmente la adhesión a la Ley del narcotest, sumando a Zapala a otras localidades de la provincia que ya aplican controles similares.
