La Legislatura de Neuquén dio un paso importante este martes en el tratamiento del proyecto que establece controles toxicológicos obligatorios para autoridades y funcionarios de los tres poderes del Estado.
La comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia (A), presidida por el diputado Ernesto Novoa (Comunidad), dio despacho unánime a la iniciativa, aunque con modificaciones al dictamen previo de la comisión de Desarrollo Humano y Social (C). El expediente continuará ahora en la comisión de Hacienda y Presupuesto (B).
A propuesta de la diputada Brenda Buchiniz (Cumplir), se decidió que los exámenes se realicen mediante test rápidos homologados de orina o saliva, con análisis confirmatorio en laboratorio solo en caso de resultado positivo. La legisladora destacó la agilidad y menor costo de estas pruebas frente a los análisis de sangre.
El proyecto establece que ante un resultado positivo, el funcionario puede solicitar contraprueba en otro laboratorio dentro de las 48 horas, con derecho a perito de parte y a recusar el laboratorio designado.
Algunos diputados alertaron sobre limitaciones constitucionales en materia de sanciones. Federico Méndez (Comunidad) señaló que la suspensión o destitución de funcionarios electos está regulada por la Constitución provincial y no puede delegarse, mientras que César Gass (JxC-UCR) pidió un análisis más profundo del encuadre legal.
Las sanciones dependerán del cargo: suspensión o revocación para funcionarios electos y, para jueces y miembros del Poder Judicial no sujetos a juicio político, el mecanismo será el jurado de enjuiciamiento.
El control alcanzará a gobernador, vicegobernador, ministros, secretarios, diputados, jueces, fiscales, defensores, integrantes del Tribunal Superior de Justicia, consejeros de la Magistratura, autoridades de organismos autárquicos, empresas estatales, intendentes y concejales.
El costo de los exámenes será asumido por los propios funcionarios, pudiendo descontarse de sus haberes, y la negativa a testearse se considerará positiva.
Además, se prevé la creación de una Comisión Evaluadora Interpoderes para supervisar protocolos, asesorar en casos positivos y recomendar mejoras, junto con un registro interno confidencial para resguardar la trazabilidad de los controles.
El diputado Novoa destacó que el proyecto busca igualdad entre funcionarios y trabajadores. Con el dictamen favorable, la iniciativa queda lista para su análisis en la comisión de Presupuesto.
