El excoordinador del complejo dependiente de la Legislatura neuquina admitió su culpabilidad para acceder a un juicio abreviado. Reconoció haber desviado más de 52 millones de pesos de las arcas públicas hacia cuentas personales para generar rendimientos financieros propios. Los detalles de la maniobra y la resolución judicial.
El caso de corrupción que involucra a Pablo Ruiz, excoordinador de la Casa de las Leyes, llegó a su fin en los tribunales neuquinos con una condena que confirma las peores sospechas sobre el manejo de los fondos del Estado. Acorralado por las pruebas, el exfuncionario no tuvo más alternativa que confesar su responsabilidad en una escandalosa maniobra financiera.
En el marco de un acuerdo de juicio abreviado, Ruiz admitió ante la Justicia haber utilizado más de 52 millones de pesos pertenecientes al erario público para realizar plazos fijos y quedarse con los intereses generados.
La maniobra: “timba” financiera con plata ajena
La investigación demostró cómo el exfuncionario se valió de su cargo jerárquico en la institución (dependiente de la Legislatura provincial) para desviar sistemáticamente partidas presupuestarias. El modus operandi era tan audaz como irregular: transfería el dinero público destinado al funcionamiento del complejo cultural hacia cuentas bancarias donde constituía plazos fijos.
De esta manera, Ruiz aprovechaba las altas tasas de interés del sistema bancario para generar millonarios dividendos a su favor, utilizando el capital del Estado neuquino como si fuera propio. Una vez cobrados los rendimientos, el capital original era reintegrado para intentar no levantar sospechas en las auditorías contables.
Reconocimiento y condena
Para evitar un juicio oral que podría haber derivado en penas más severas y una mayor exposición pública, la defensa de Ruiz optó por la figura del juicio abreviado. Este recurso legal requiere, como condición ineludible, que el imputado reconozca expresamente haber cometido el delito del que se lo acusa.
Tras la confesión del desvío de los millonarios fondos, el juez de garantías avaló el acuerdo entre la fiscalía y la defensa, dictando la sentencia condenatoria.
El caso marca un precedente importante en la persecución de los delitos contra la administración pública en Neuquén, dejando al descubierto la necesidad de reforzar los controles internos en las dependencias estatales para evitar que el dinero de los contribuyentes termine financiando negocios personales.
