El Gobierno Nacional puso en marcha una reforma integral que moderniza y simplifica la regulación de la industria vitivinícola, con el propósito de eliminar trabas burocráticas y mejorar la competitividad del sector.
La medida se concretó mediante la Resolución N° 37/2025 del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), en conjunto con la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que impulsaron la creación de un Digesto Normativo para revisar, actualizar y depurar toda la normativa existente.
De las 1.207 normas vigentes en materia vitivinícola, se derogan 973, lo que da lugar a un nuevo esquema basado en la libertad, la responsabilidad y la competencia.
La reforma redefine el rol del INV, que dejará de intervenir en las etapas iniciales e intermedias del proceso productivo para concentrarse en el control del producto final, garantizando que los vinos sean aptos para el consumo y libres de adulteraciones.
Se dejarán de realizar unas 5.000 fiscalizaciones presenciales al año y se eliminan obligaciones como la declaración jurada semanal de elaboración, las multas por presentaciones tardías y los permisos de tránsito, que implicaban más de 140.000 trámites anuales.
Las certificaciones de origen, añada y varietal pasarán a ser optativas, mientras que el INV mantendrá sus funciones en materia de inocuidad y exportaciones.
Desde el Ministerio de Economía destacaron que el objetivo es reducir la carga burocrática y los costos regulatorios que durante años afectaron a una de las principales economías regionales del país.
