El Gobierno nacional despidió a 60 empleados de la Procuración del Tesoro de la Nación y avanza con una reestructuración profunda del organismo, en medio de sospechas por filtraciones de información confidencial vinculadas al juicio internacional por la expropiación de YPF.
La medida incluye la disolución de áreas técnicas clave y el cierre de la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado, y se enmarca en un plan de reorganización interna bajo el argumento de lograr “mayor eficiencia operativa”. Sin embargo, fuentes oficiales apuntaron que la decisión estaría motivada por la presunta “venta de información sensible” a la parte demandante en el litigio que enfrenta Argentina en tribunales de Estados Unidos. “Es un delito grave que perjudica directamente al Estado”, señalaron desde la Casa Rosada.
El organismo, dependiente del Ministerio de Justicia y actualmente dirigido por Santiago Castro Videla, pasó de tener seis direcciones nacionales a cuatro. Contaba con 242 empleados y un presupuesto anual de 8.662 millones de pesos. Bajo su órbita se encontraban las Direcciones Nacionales de Asuntos Judiciales, Dictámenes, Sumarios e Investigaciones Administrativas, Auditoría, Asuntos y Controversias Internacionales, además de la ya eliminada escuela de formación.
Aunque el comunicado oficial justifica los cambios en el marco de la Ley de Bases para la Libertad de los Argentinos, fuentes cercanas al Ejecutivo reconocen que el verdadero trasfondo serían posibles actos de traición interna que comprometerían una de las causas judiciales más costosas para el país.
