En medio de la controversia por la construcción de una lujosa vivienda en un barrio cerrado, legisladores de distintos bloques apuntaron sus cañones contra el portavoz de la Casa Rosada. Le reclaman que haga públicos sus bienes e ingresos reales para despejar las sospechas de enriquecimiento o desvío de fondos.
La declaración jurada de Adorni se ha convertido en el nuevo gran reclamo de la agenda política nacional. Luego de que estallara el escándalo por los costos de la vivienda que el vocero presidencial está construyendo en el exclusivo country Indio Cua, el arco opositor decidió avanzar a fondo y exigirle cuentas claras al hombre que, paradójicamente, es la voz oficial del Gobierno.
Legisladores y referentes de distintos bloques de la oposición formalizaron el pedido para que Manuel Adorni presente sin más dilaciones su declaración jurada de bienes. El objetivo es contrastar sus ingresos declarados históricamente y su sueldo actual como funcionario público con las millonarias erogaciones que demanda su nuevo proyecto inmobiliario.
El contexto: un peritaje que acorrala al funcionario
El reclamo opositor no surge de la nada, sino que se da en simultáneo con un avance clave en la Justicia. Tal como se conoció recientemente, los tribunales ya tienen en su poder el teléfono celular del contratista encargado de la obra en Indio Cua.
Los peritos informáticos se encuentran analizando chats, presupuestos y transferencias para determinar el costo real de la construcción. Ante este escenario judicial adverso, la oposición política presiona para que el funcionario se adelante y demuestre con papeles que su patrimonio es lícito y coherente con su nivel de vida.
Un golpe al relato de la transparencia
El pedido de los bloques opositores apunta directamente a la línea de flotación del discurso gubernamental. Desde el inicio de la gestión, la administración de Javier Milei ha enarbolado la bandera de la transparencia y la lucha contra la “casta” política, exigiendo austeridad.
“El vocero presidencial no puede exigir sacrificios económicos a la población todos los días en sus conferencias de prensa mientras oculta sus propios números patrimoniales frente a sospechas graves”, argumentaron desde la oposición.
La negativa o la demora en la presentación de la documentación no hace más que alimentar las especulaciones. Ahora, la pelota está del lado de la Casa Rosada, que deberá decidir si blinda a uno de sus funcionarios más expuestos o si lo obliga a transparentar sus cuentas para evitar que el escándalo siga escalando y termine afectando la imagen del propio Presidente.
