En una sesión marcada por la tensión política y la unidad de la oposición en defensa del federalismo, el Senado de la Nación aprobó este jueves dos proyectos clave que modifican la distribución de fondos nacionales entre las provincias. Ambas iniciativas fueron impulsadas por gobernadores de distintos signos políticos y obtuvieron un respaldo contundente: 56 votos a favor y solo uno en contra, el del senador Luis Juez.
El resultado anticipa un nuevo foco de conflicto con la Casa Rosada, que ya expresó su rechazo a las medidas. Para blindar el procedimiento ante posibles impugnaciones del oficialismo, el Senado se declaró en comisión antes del tratamiento de los proyectos. “Como vemos cómo están jugando con cartas sucias, para prevenir vamos a pedir que se haga el despacho del Cuerpo”, advirtió el senador José Mayans (Formosa).
Cambios en impuestos y en los Aportes del Tesoro
El primero de los proyectos aprobados modifica la distribución del impuesto a los combustibles líquidos, eliminando cinco fondos y fideicomisos nacionales para convertirlos en recursos coparticipables. Según el nuevo esquema, el 57,02% de lo recaudado se destinará a las provincias, el 14,29% al Tesoro Nacional y el 28,69% al sistema previsional. A su vez, el monto que se transfiere a las provincias se dividirá en un 25% en partes iguales y un 75% según el índice de coparticipación.
El segundo proyecto establece que los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) deberán distribuirse de forma diaria, automática y conforme a la Ley de Coparticipación, evitando discrecionalidades en su asignación.
Reclamo de justicia fiscal desde las provincias
Durante el debate, senadores de diversas provincias defendieron los proyectos como un paso necesario hacia un federalismo más equitativo. “No estamos creando nuevos impuestos, solo pedimos distribuir los existentes con equidad”, afirmó Fernando Salino (San Luis). En la misma línea se expresaron Sergio Uñac (San Juan), Alejandra Vigo (Córdoba) y Mónica Silva (Río Negro), quien sostuvo: “Estas leyes no son favores, son derechos”.
Martín Lousteau (CABA) cuestionó el uso de los ATN, señalando que “no se gastan en emergencias ni se reparten ante desequilibrios”. Desde Tierra del Fuego, Pablo Blanco criticó la paralización de obras públicas, y Beatriz Ávila (Tucumán), aliada del oficialismo, remarcó: “Estos recursos son de las provincias, no del Gobierno nacional”.
Escalada con el Ejecutivo
Las recientes declaraciones del presidente Javier Milei durante el acto del 9 de Julio, donde acusó a los gobernadores de “querer destruir al Gobierno nacional”, anticiparon el clima de confrontación. Ahora, con los proyectos aprobados por amplísima mayoría, la Casa Rosada deberá decidir si convalida las reformas o recurre al veto, con el costo político que implicaría rechazar un reclamo transversal, institucional y con respaldo legislativo.
La atención se traslada ahora a la Cámara de Diputados, que deberá definir si ratifica la sanción del Senado. Mientras tanto, la disputa por los recursos federales promete profundizarse.
