¿Justicia reparadora o impunidad? Vecinos de un barrio en Neuquén expresan su rechazo absoluto ante la medida que permite a un abusador condenado cumplir su pena en una vivienda de la zona, exigiendo una mirada social en las decisiones judiciales.
La reciente resolución judicial que otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria a un empresario condenado por abuso sexual ha encendido las alarmas y el descontento en un sector de nuestra capital. La medida no solo generó rechazo por la gravedad del delito —un caso de abuso continuado durante 19 años contra una hijastra—, sino por la falta de previsión sobre el impacto psicológico y social que implica la presencia del condenado en un barrio familiar.
Una comunidad en alerta
La indignación es palpable. Los vecinos, que se enteraron de la decisión judicial apenas unas horas antes de un partido de la selección, sostienen que el Estado ha ignorado el daño irreversible causado. “Es terrible, súper traumático. Los nenes no se quieren mover de las casas”, manifestó una vecina, reflejando el clima de inseguridad que atraviesa a las familias del sector.
El cuestionamiento apunta directamente a la comisión de delitos aberrantes y a la falta de un informe socioambiental previo que evalúe la conveniencia del lugar de detención. “No nos preocupa que esté en nuestro barrio solamente, nos preocupa que una persona declarada culpable esté esperando su sentencia en estas condiciones”, añadieron desde el vecindario.
La justicia bajo la lupa
La postura de los vecinos es clara: la justicia no está siendo reparadora para las víctimas. Si la excepción legal es la prisión domiciliaria, los magistrados deberían considerar la perspectiva social para evitar que la medida se convierta en una revictimización de los vecinos y, fundamentalmente, de las personas afectadas por el condenado.
El caso, que ya cuenta con la intervención de la Defensoría del Niño y del Adolescente ante el pedido de protección por el interés superior de los menores, pone de manifiesto una desconexión preocupante entre el formalismo judicial y la realidad cotidiana. Mientras la sociedad exige respuestas, la pregunta que persiste es hasta qué punto las garantías procesales pueden prevalecer cuando se ignoran las consecuencias en el tejido social.
