La descarga de piezas provenientes de Estados Unidos en el puerto de Puerto Madryn, destinadas al proyecto Vaca Muerta Oil Sur, encendió una nueva polémica entre Río Negro y el consorcio VMOS S.A. La operación logística, que debía realizarse en el puerto rionegrino de San Antonio Este (SAE) según el acuerdo aprobado por la Legislatura, fue cuestionada por sindicatos, legisladores y el propio gobernador Alberto Weretilneck, quienes reclaman explicaciones por lo que consideran un incumplimiento contractual.
El Sindicato de Obreros Portuarios de San Antonio Oeste (SOPSAO) declaró el estado de alerta y exigió el respeto a los compromisos asumidos. “Tal como fue prometido, el oleoducto Vaca Muerta debe ocupar manos de obra rionegrina en su suelo rionegrino”, indicó la organización en un comunicado, en el que denunció que el desvío a Madryn representa una pérdida directa de oportunidades laborales e inversión para la zona atlántica rionegrina.
El gobierno provincial confirmó que se pidió información formal al consorcio VMOS S.A. y a la empresa Patagonia Norte, concesionaria del puerto SAE. “Queremos dilucidar ahora cuáles fueron las divergencias que hubo o cuáles fueron los motivos para lo cual, pudiendo utilizar el puerto de San Antonio, no se utilizó”, expresó Weretilneck ante medios locales.
Desde la Legislatura, la diputada Ayelén Spósito (Vamos con Todos) recordó que el convenio aprobado el pasado 22 de mayo en la Cámara incluía cláusulas específicas sobre la contratación de servicios e infraestructura local. “Una vez más, el gobierno de Juntos Somos Río Negro expone sus contradicciones, incumpliendo lo establecido en el reciente acuerdo firmado”, afirmó la legisladora. En su visión, se trata de “una vulneración institucional que pone en duda la aplicación real del convenio”.
El proyecto Vaca Muerta Sur prevé una inversión inicial de 1.200 millones de dólares para construir un oleoducto de más de 600 kilómetros desde Neuquén hasta Punta Colorada, en la costa rionegrina, donde también se emplazará una terminal de exportación de crudo. El emprendimiento —a cargo de un consorcio integrado por YPF, Chevron, Petronas y otras firmas— fue promocionado como un motor de empleo e infraestructura para la región.
Adrián Casadei, intendente de San Antonio Oeste, también expresó preocupación por la decisión logística y remarcó la necesidad de garantizar que los beneficios del megaproyecto hidrocarburífero impacten en la economía local. En la misma línea, los legisladores Luis Noale (PJ) y Marcela Rossio (Vamos con Todos) anunciaron que pedirán informes oficiales para conocer si existieron razones comerciales o dificultades técnicas que motivaron la elección de Madryn.
Desde el gremio portuario se advirtió que decisiones como esta podrían “debilitar la posición de San Antonio Este como nodo estratégico del desarrollo hidrocarburífero del Atlántico Sur”. También alertaron que sin una acción clara del Estado para garantizar el cumplimiento del convenio, podría replicarse una lógica de exclusión en los próximos tramos del proyecto.
