Con temperaturas bajo cero, la situación de calle en Neuquén expone la vulnerabilidad de los sectores más postergados de la sociedad. Desde el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) denuncian el aumento de personas sin hogar y la falta de acompañamiento estatal, al tiempo que proponen a las cooperativas de trabajo como una salida real para erradicar la pobreza y reducir a cero la reincidencia penal.
La situación de calle en Neuquén se vuelve cada día más crítica con la llegada de las heladas patagónicas. En un contexto económico complejo, las organizaciones sociales se encuentran en la primera línea de contención frente a un Estado que, según denuncian, ha comenzado a retirarse de los sectores más vulnerables.
En una reciente entrevista, Rocío Morales, referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), detalló la dura realidad que enfrentan a diario. Mientras las temperaturas marcan varios grados bajo cero, el dispositivo barrial de la organización atiende actualmente a un grupo de entre 33 y 35 personas que no tienen un lugar donde resguardarse ni un plato de comida asegurado.
De la crisis del 2001 a la economía popular actual
Para entender la magnitud del trabajo en los barrios, es necesario mirar hacia atrás. El MTE surgió en el contexto de la profunda crisis económica de los años 2000 y 2001, organizando en un principio a los “cartoneros” que buscaban sustento en la basura. Hoy, esa matriz se ha transformado en un sistema de cooperativas que dignifica labores como la construcción, la venta ambulante y el reciclaje urbano.
Dato de contexto: A nivel nacional, las cifras oficiales del INDEC reflejan que el trabajo informal y por cuenta propia afecta a cerca del 40% de la población económicamente activa. Esta estadística refuerza la realidad local: miles de neuquinos dependen exclusivamente del trabajo diario y no registrado para sobrevivir, quedando totalmente desprotegidos ante las inclemencias del clima y la economía.
Inclusión laboral frente al sistema penal
Uno de los puntos más reveladores del debate actual es el abordaje de la reinserción de personas que han estado privadas de su libertad. El MTE se encuentra impulsando proyectos concretos, como la instalación de maquinarias para el desarrollo de panaderías y oficios dentro y fuera de los penales.
El contraste económico y social es contundente: mientras el Estado destina grandes sumas de dinero mensual para mantener a una persona dentro de una unidad penitenciaria, financiar su inclusión en una cooperativa de trabajo resultaría significativamente más económico. Más importante aún, los datos empíricos de las cooperativas de la economía popular muestran que el nivel de reincidencia delictiva de quienes se integran a estos espacios de trabajo es del 0%.
A pesar de estos resultados comprobables, los referentes sociales advierten sobre una preocupante falta de voluntad política. El recorte de programas de asistencia, sumado a las trabas burocráticas para habilitar nuevos espacios de trabajo comunitario, pone en jaque los esfuerzos por transformar la exclusión en dignidad. En medio del frío extremo, la exigencia es clara: se necesitan políticas de Estado activas que dejen de administrar la pobreza y comiencen a generar oportunidades reales de trabajo.
