El Ejecutivo nacional trabaja en una reforma migratoria que endurecerá los criterios para otorgar residencia a extranjeros en Argentina y agilizará los procedimientos de expulsión para quienes cometan delitos en el país. Aunque aún no hay una fecha de publicación definida, desde Casa Rosada aseguran que el decreto está próximo a salir y se encuentra en etapa de revisión técnica final.
El proyecto forma parte de los anuncios realizados por el presidente Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso el 1 de marzo. Desde entonces, trascendió que la iniciativa será implementada a través de un decreto, evitando así el tratamiento legislativo y los consensos parlamentarios.
Durante su discurso ante la Asamblea Legislativa, Milei sostuvo que si queremos ser un país serio, debemos llevar a cabo una reforma migratoria y remarcó que, aunque Argentina ha sido históricamente abierta a la inmigración, es necesario poner límites para evitar abusos al sistema.
Entre los principales ejes del proyecto se incluye la posibilidad de que los extranjeros no residentes deban abonar por servicios de salud pública, medida que podría aplicarse inicialmente en hospitales nacionales. También se evalúa permitir el cobro a estudiantes no residentes permanentes en el ámbito universitario, aunque este punto aún no fue detallado oficialmente.
La reforma contempla además cambios en la Ley de Migraciones N° 25.871, vigente desde 2004, con el fin de endurecer los requisitos para acceder a la residencia o ciudadanía argentina. También se analiza incorporar una visa especial destinada a inversores extranjeros.
Por otra parte, el Gobierno busca facilitar y acelerar los procesos de deportación para personas extranjeras con antecedentes penales o condenas en territorio argentino, reduciendo plazos y simplificando trámites administrativos. Además, se estudian nuevas restricciones para la solicitud del Estatuto de Refugiado.
El desarrollo de la medida involucra a la Secretaría Legal y Técnica, a cargo de María Ibarzábal, y a organismos bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete como la Dirección Nacional de Migraciones, así como a los ministerios de Seguridad, Salud y Justicia.
La iniciativa se complementa con el refuerzo de controles fronterizos que impulsa el Ministerio de Seguridad, liderado por Patricia Bullrich. En ese marco, el Gobierno avanza con planes como el Plan Güemes en el norte del país, especialmente en puntos fronterizos estratégicos de Salta, Misiones y Jujuy, con el objetivo de combatir el narcotráfico, la trata de personas y el lavado de activos.
Algunas provincias como Salta ya han implementado medidas similares en el ámbito sanitario, cobrando atención médica a personas extranjeras no residentes, salvo en casos de urgencia, lo que según fuentes oficiales permitió una significativa reducción en la demanda del sistema público y un ahorro en recursos.
