El regreso a la Argentina del gendarme Nahuel Gallo, tras permanecer más de 440 días detenido en Venezuela, desató un fuerte cruce político entre el Gobierno nacional y la Asociación del Fútbol Argentino.
La polémica se activó cuando se confirmó que el traslado se realizó en un avión dispuesto por la AFA. Desde el entorno del presidente Javier Milei cuestionaron con dureza ese rol y advirtieron que la entidad no logrará “limpiar su imagen” con esa intervención.
Fuentes oficiales señalaron que la postura de la administración nacional frente al régimen venezolano se mantiene sin cambios y remarcaron que las gestiones determinantes fueron impulsadas por la Casa Rosada, el gobierno de Catamarca, la Gendarmería Nacional y la familia del efectivo.
En ese marco, en el oficialismo afirmaron que la AFA “se subió al resultado” cuando la situación ya estaba encaminada.
Cerca de la conducción del fútbol argentino sostienen otra versión. Aseguran que las gestiones comenzaron durante el Sudamericano Sub 20 disputado en Venezuela en enero de 2025, en un escenario marcado por la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países.
Según esa reconstrucción, los contactos finales se concretaron en Brasil, en encuentros entre Claudio “Chiqui” Tapia, Jorge Giménez y Alejandro Domínguez.
Desde la AFA indicaron que la mediación se realizó a través de la federación venezolana y que el vínculo político de Giménez con Delcy Rodríguez permitió destrabar una negociación que estaba bloqueada por los canales formales.
La liberación de Gallo dejó expuesta la tensión entre el Gobierno nacional y la dirigencia del fútbol argentino. Mientras la AFA reivindica la “diplomacia deportiva”, el oficialismo sostiene que la política exterior es una facultad exclusiva del Estado.
El caso continúa generando repercusiones en el plano político e institucional.
