El presidente Javier Milei firmará en los próximos días un decreto que eliminará más de 40 leyes vigentes, como parte del proceso de desregulación del Estado impulsado por su gobierno.
La iniciativa, conocida como decreto “hojarasca”, fue elaborada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y se prevé su publicación en el Boletín Oficial antes del vencimiento de las facultades extraordinarias concedidas por la Ley Bases.
Entre las normas que serán derogadas figura la Ley de Padrinazgo Presidencial (20.843), que desde 1974 establece la obligación del jefe de Estado de apadrinar a los séptimos hijos nacidos en el país, mediante la entrega de una medalla, una carta y, en algunos casos, una beca simbólica. La norma fue instituida durante el gobierno de Isabel Perón.
También se eliminará la Ley 20.120, que regula el derecho de reunión en espacios cerrados e impone una notificación previa obligatoria a la administración pública con hasta 15 días de anticipación. Esta ley facultaba al Poder Ejecutivo a restringir reuniones si consideraba que representaban una amenaza para la seguridad.
Otras disposiciones incluidas en el decreto contemplan la derogación del carnet de mochilero (Ley 20.802), obligatorio para quienes se desplazaban por el país solicitando colaboración, y la eliminación de leyes que regulaban el uso del microfilm en organismos públicos como ANSES, el Ejército y el Banco Nación para la conservación documental.
Asimismo, dejará de estar vigente la Ley 23.634 de Cunicultura, que promovía la cría de conejos mediante incentivos fiscales, créditos y asistencia técnica, junto con la Ley 27.652, diseñada en 2021 para acompañar a estudiantes afectados por el aislamiento durante la pandemia.
También serán derogadas normas sanitarias vinculadas a la prevención de la viruela y otras leyes orientadas a facilitar la constitución de asociaciones civiles con beneficios estatales.
La medida se enmarca en el plan de reformas estructurales promovido por el oficialismo, que busca reducir el volumen normativo y “eliminar regulaciones inútiles”, según voceros del Gobierno.
No obstante, distintos sectores políticos y sociales han manifestado su preocupación por el alcance del decreto y advierten sobre los riesgos de derogar leyes sin un tratamiento parlamentario ni una evaluación previa de su impacto.
