El Ministerio Público Fiscal inició una investigación en relación al acampe de las organizaciones sociales de la semana pasada en Casa de Gobierno. Diez dirigentes sindicales están serían procesados por los cortes de calle que se mantuvieron durante cuatro días.
La Fiscalía de Actuación Genérica, a cargo de Paula González, informó que estaba avanzando con las fichas dactiloscópicas. Por el momento, aclararon, no está prevista la formulación de cargos sino que la causa está en etapa investigativa.
El acampe se extendió desde el martes hasta el viernes de la semana pasada y las organizaciones deliberaron la posibilidad de regresar este lunes. Dentro de los motivos de los reclamos, enumeraron la falta de pago del mes de diciembre, la continuidad laboral, el pago de programa provinciales, la situación de comedores, merenderos y del camión garrafero.
Durante el acampe, el ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral, Lucas Castelli, manifestó el rechazo a la medida y realizó una fuerte denuncia a las organizaciones que integran la Cooperativa Viento Sur Limitada, a la que acusó de recibir una cifra millonaria de la administración provincial anterior y no rendir cuenta por esos fondos. Además, aseguró que figuran pagos con tarjeta de crédito, la compra de una camioneta y tres millones de pesos en chorizos.
Los dirigentes investigados son Agustín Muñoz, Lilian Velázquez Larroza, María Diana Colitripay, Romina Gabriela Rosales, Soledad Urrutia, César Parra, Luis Alberto Ramírez, Sabino López, Diego Mauro y Ana María Montoya.
