Lo ocurrido el pasado 18 de junio en El Bolsón es, como mínimo, vergonzoso. La jefa del Centro de Atención Primaria (CAP) de PAMI y varios trabajadores decidieron cerrar sin autorización la sede local, como parte de una protesta política impulsada por el gremio ATE, en repudio a la condena judicial de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La medida dejó sin atención a más de 3.700 afiliados, la mayoría adultos mayores que dependen de ese servicio para acceder a atención básica de salud.
Frente a lo sucedido, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) anunció la desvinculación de la responsable del centro y la suspensión preventiva por 29 días del resto de los trabajadores involucrados.
El hecho resulta doblemente repudiable: por el uso partidario de una institución pública y por el abandono deliberado de funciones esenciales, algo que afecta directamente a una población vulnerable. Desde la conducción nacional del organismo indicaron que “no se tolerará el uso político de los recursos públicos” y prometieron tomar todas las medidas necesarias para evitar que las oficinas del Estado se conviertan en trincheras partidarias.
Mientras tanto, el CAP de El Bolsón retomó su funcionamiento normal, aunque el daño ya está hecho. Lo ocurrido expone una falta de respeto inaceptable hacia los afiliados y deja al descubierto la ligereza con la que algunos sectores tratan los servicios públicos y el deber de atención, anteponiendo intereses ajenos al bienestar de la comunidad.
