La primera sesión del año en la Cámara de Diputados estuvo marcada por un fuerte clima simbólico y político. En la vereda del Congreso se desplegaron pasacalles con los rostros de víctimas de delitos y, en los balcones del recinto, acompañaron la jornada las denominadas “Madres del Dolor” y familiares de jóvenes asesinados, entre ellos el padre de Kim Gómez y la madre de Jeremías Monzón.
En ese contexto, la Cámara baja aprobó con 149 votos a favor y 100 en contra el proyecto de Régimen Penal Juvenil impulsado por el Gobierno nacional. La iniciativa propone reducir la edad de imputabilidad de 16 a 14 años y reemplazar el Régimen de Minoridad vigente desde 1980.
Se trata de uno de los cambios más relevantes en materia penal de la actual gestión y abre un nuevo escenario en el debate sobre responsabilidad juvenil y políticas de seguridad.
El texto establece un marco específico para el juzgamiento de adolescentes en conflicto con la ley penal, con un sistema diferenciado que, según el oficialismo, busca actualizar la normativa y adecuarla a estándares contemporáneos.
Tras la media sanción, el proyecto deberá ser tratado en el Senado de la Nación. La discusión podría darse el jueves 26 de febrero, en una sesión que también incluiría la modificación de la Ley de Glaciares.
El debate anticipa nuevas tensiones entre quienes sostienen que la reforma es una herramienta necesaria frente al crecimiento de delitos cometidos por menores y quienes advierten sobre sus posibles efectos sociales y jurídicos.
