El juez federal Jorge Gorini pidió a la Corte Suprema de Justicia el decomiso de bienes por $86.000 millones a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, como parte de la ejecución de la condena en la Causa Vialidad.
El monto corresponde al daño económico causado al Estado por la adjudicación direccionada de obras públicas en Santa Cruz, y será actualizado por inflación.
La cifra fue elevada al cuerpo de peritos contables de la Corte, que deberá determinar el monto definitivo a pagar por los nueve condenados en la causa, entre ellos el empresario Lázaro Báez, el exsecretario de Obras Públicas José López y el extitular de Vialidad Nacional Nelson Periotti.
Según el fallo ratificado por la Corte, entre 2003 y 2015, el 86% de las obras viales en Santa Cruz fue adjudicado al Grupo Austral, propiedad de Báez, a través de licitaciones irregulares, simulación de competencia, pagos anticipados y falta de controles.
El Tribunal Oral Federal N.º 2 calificó el caso como “una de las mayores afectaciones al patrimonio del Estado probadas judicialmente en la historia argentina”, lo que motivó el pedido de decomiso como forma de resarcimiento económico al Estado nacional.
El cálculo inicial se basó en peritajes sobre cinco obras testigo, entre ellas tramos de la Ruta Nacional 3 entre Caleta Olivia y Rada Tilly, donde se detectaron sobreprecios, colusión empresarial y desvío de fondos públicos.
Una vez determinado el monto actualizado, los condenados tendrán 10 días hábiles para abonar sus respectivas cuotas. De no hacerlo, se iniciará la ejecución de bienes y propiedades a su nombre.
En paralelo, el fiscal Diego Luciani presentó un informe patrimonial de 40 páginas, donde detalla propiedades, sociedades y activos de cada uno de los condenados, según publicó el portal Nuevo Día de Santa Cruz.
