La Comisión de Desarrollo Humano y Social emitió despacho favorable a un proyecto que obliga a funcionarios públicos de los tres Poderes del Estado a realizar exámenes toxicológicos.
La medida, que unifica varias iniciativas, busca garantizar el ejercicio de la función con plenas facultades y libre de sustancias psicotrópicas ilegales. Los análisis deberán realizarse una vez al año de forma aleatoria y serán autofinanciados por cada funcionario.
El proyecto prevé además una contraprueba dentro de los cinco días posteriores a un resultado positivo. Entre las sanciones se incluyen la suspensión automática sin haberes y, si persiste la situación, la remoción del cargo según los procedimientos vigentes.
Los cargos alcanzados van desde el gobernador, ministros y secretarios, hasta diputados, magistrados, fiscales, defensores, miembros del Tribunal de Cuentas y autoridades del Consejo de la Magistratura. La inclusión de funcionarios de menor rango y de candidatos fue descartada.
El proyecto continuará su tratamiento en las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y Hacienda y Presupuesto, donde se definirán la periodicidad, el alcance de los cargos involucrados y los plazos para la contraprueba.
En la misma reunión, la cardióloga infantil Carolina Ramallo respaldó otro proyecto que propone incorporar ecografías obstétricas con evaluación cardíaca fetal y oximetría de pulso en recién nacidos como controles rutinarios para detectar cardiopatías congénitas de forma temprana.
