Más de 340 familias denuncian que la causa por la presunta estafa en la cooperativa 127 hectáreas se encuentra estancada desde 2024. Los damnificados apuntan contra Jorge Salas por la venta de terrenos rurales no urbanizables y exigen que el gobierno provincial los incluya en los planes de soluciones habitacionales para frenar el impacto de esta crisis.
La presunta estafa en la cooperativa 127 hectáreas se ha convertido en una de las heridas más profundas del déficit habitacional neuquino. Mientras la provincia sigue experimentando un crecimiento demográfico exponencial al ritmo de Vaca Muerta, cientos de vecinos nacidos y criados en la región ven esfumarse el sueño de la casa propia tras haber confiado sus ahorros a una organización que hoy se encuentra bajo la lupa de la Justicia.
A través de testimonios públicos, los damnificados expresaron su indignación ante la inacción del sistema judicial. Según relató Víctor, uno de los voceros de los afectados, la denuncia inicial fue presentada a principios de 2024, pero transcurrido más de un año y medio, la fiscalía aún no ha formulado imputaciones contra los responsables del esquema. Hoy en día, son 340 las familias que mantienen causas civiles y penales abiertas contra la entidad presidida por Jorge Salas.
Promesas vacías y terrenos en la meseta
El mecanismo de la presunta defraudación, según detallan los denunciantes, consistía en comercializar tierras que legalmente no podían ser habitadas. El propio fiscal a cargo de la investigación, Pablo Vignaroli, catalogó los lotes ofrecidos en el sector de la meseta como tierras netamente rurales y sin viabilidad de urbanización.
Las irregularidades llegaron al extremo de que a los socios se les cobraba un servicio de seguridad privada para custodiar terrenos desérticos, ubicados “en el medio de la nada”. Esta sumatoria de anomalías generó un éxodo masivo: de un padrón inicial que albergaba a casi 7.000 personas derivadas incluso desde el Registro Único Provincial de Vivienda (Ruprovi), hoy apenas quedan entre 1.400 y 1.500 inscriptos.
El factor político y el pedido de auxilio
Para las víctimas, la estafa no podría haberse sostenido sin un entramado de omisiones institucionales. Los voceros subrayan que la cooperativa acumula antecedentes y reclamos que datan desde la gestión del exintendente Horacio “Pechi” Quiroga. Asimismo, cuestionan el accionar político de Salas, quien tras prometer la construcción de 10.000 viviendas, se acomodó dentro de la estructura de la actual gestión provincial.
Frente a la falta de un horizonte judicial claro, las familias desamparadas han emitido un mensaje directo al Ejecutivo. Su principal demanda es que la ministra Tanya Bertoldi intervenga y contemple la situación de las víctimas de la cooperativa, integrándolas formalmente en las proyecciones y planes de soluciones habitacionales del gobierno provincial.
En una provincia donde la riqueza fluye, el contraste es brutal: mientras capitales foráneos acceden a porciones privilegiadas de la geografía neuquina, los trabajadores locales continúan atrapados en un laberinto burocrático, luchando por un pedazo de tierra que ya pagaron con el esfuerzo de toda su vida.
