La crisis nuclear en Neuquén y el país se profundiza tras la ola de despidos en la Comisión Nacional de Energía Atómica. Especialistas advierten sobre los riesgos de privatización, posibles tarifazos y la parálisis definitiva de la Planta Industrial de Agua Pesada en Arroyito.
La crisis nuclear en Neuquén encendió las alarmas de los especialistas tras una severa ola de recortes impulsada por el gobierno nacional. Con la cancelación de decenas de contratos en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y el virtual abandono de instalaciones estratégicas, el desarrollo tecnológico y la soberanía energética del país enfrentan uno de sus momentos más críticos en décadas.
Lejos de ser un conflicto puramente administrativo, el desfinanciamiento del sector tiene un impacto directo en el territorio neuquino y plantea serios interrogantes sobre la seguridad operativa, el futuro de los trabajadores y el impacto en las tarifas eléctricas de las familias.
El vaciamiento de la CNEA y los despidos
En las últimas horas, las autoridades nacionales decidieron cancelar los contratos de 61 profesionales de un universo de 350 trabajadores precarizados dentro de la CNEA, una institución histórica fundada en 1950 y pionera en el desarrollo tecnológico latinoamericano.
Martín Lofrano, secretario general de la Asociación de Profesionales de la CNEA y Actividad Nuclear (APCNEAN), denunció que estas medidas responden a una política de “asfixia salarial y presupuestaria”. El objetivo de fondo, según advierten los gremios, es sanear el pasivo laboral para facilitar una futura privatización del sector. Esta maniobra está siendo gestionada por funcionarios a los que los especialistas califican de inexperimentados en la materia, priorizando perfiles ligados a redes sociales por sobre científicos y técnicos idóneos.
Impacto en Neuquén: El abandono de la PIAP
Una parte central del plan nuclear argentino reside en territorio neuquino: la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP), ubicada en la localidad de Arroyito. Esta instalación, administrada por la Empresa Neuquina de Servicios de Ingeniería (ENSI), es una de las más grandes del mundo y resulta indispensable para producir el insumo vital que requieren los reactores nacionales de uranio natural (Atucha I, Atucha II y Embalse).
Actualmente, la PIAP se encuentra totalmente desfinanciada. Tras haber sido paralizada durante la gestión de Mauricio Macri y luego de intentos truncos por reactivarla en la administración de Alberto Fernández, hoy el panorama es desolador. La falta de presupuesto ha derivado en un inminente goteo de despidos que afecta tanto al personal de ENSI como a los trabajadores de la propia CNEA que operan en la provincia.
Riesgos para la seguridad industrial y el bolsillo familiar
La desvinculación de personal no solo es un problema de empleo, sino un riesgo operativo. El sector nuclear se rige por una estricta “cultura de la seguridad”. Despedir a trabajadores con años de formación y sobrecargar a quienes quedan (muchos de ellos mal pagos, angustiados o estresados) incrementa drásticamente las posibilidades de fallas. Si bien los expertos descartan escenarios catastróficos, advierten que el riesgo de accidentes industriales severos y derrames de material tóxico aumenta considerablemente bajo estas condiciones.
A nivel macroeconómico, la advertencia es clara: la generación de energía nucleoeléctrica en Argentina es hoy la opción más económica del mercado. Una eventual privatización de estas centrales transferiría el control de los precios a manos privadas, lo que se traduciría irremediablemente en nuevos y brutales tarifazos para los usuarios residenciales.
Frente a este escenario de vaciamiento, los trabajadores del sector han comenzado un plan de lucha con movilizaciones y asambleas permanentes, exigiendo la reincorporación inmediata de los despedidos, salarios dignos y la defensa irrestricta de los 75 años de desarrollo nuclear soberano en la Argentina.
