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Top 5 de la semana

Comedores en Neuquén: Crisis alimentaria y el avance del narcotráfico en los barrios

La falta de asistencia gubernamental golpea a los espacios comunitarios, dejando a cientos de familias sin un plato de comida. A este dramático escenario se suma la proliferación de las drogas en jóvenes y la criminalización de las organizaciones sociales.

La situación de los comedores en Neuquén atraviesa uno de sus momentos más críticos. En plena temporada invernal, las organizaciones sociales y referentes barriales denuncian un profundo recorte en la entrega de alimentos por parte del gobierno provincial, lo que deja a miles de familias en una situación de extrema vulnerabilidad.

Lejos de tratarse de un problema aislado, la crisis alimentaria se entrelaza con una pobreza estructural creciente, tarifas de servicios impagables y el avance territorial del narcotráfico en los sectores más postergados de la ciudad.

El impacto del recorte en la asistencia estatal

Según denuncian los referentes comunitarios, desde hace una semana se cortó el suministro de alimentos secos a comedores y merenderos. Las autoridades justifican la interrupción por “problemas administrativos” vinculados a la disolución y reorganización de ministerios, prometiendo normalizar las entregas recién hacia mediados de julio.

Actualmente, los pocos espacios que logran funcionar reciben únicamente pollo o milanesas crudas, sin el acompañamiento indispensable de verduras o víveres secos. Esta falta de insumos básicos imposibilita la preparación de viandas para las más de 20 familias diarias que, en muchos casos, dependen exclusivamente de estas raciones.

Dato de contexto: Esta situación se da en un escenario nacional y regional complejo, donde la canasta básica alimentaria continúa su escalada y presiona sobre los ingresos, empujando a sectores históricamente de clase media a buscar asistencia en comedores comunitarios.

Tarifas impagables y trabajadores bajo la línea de pobreza

El perfil de quienes asisten a los comedores populares ha cambiado radicalmente. Hoy no solo acuden personas desempleadas, sino trabajadores formales e informales que, pese a contar con un empleo, no logran cubrir sus necesidades básicas.

A la inflación en alimentos se le suma el brutal impacto de los incrementos en los servicios públicos. En los barrios periféricos, se registran facturas de energía eléctrica que superan los 400.000 pesos, una cifra que pulveriza cualquier salario promedio y obliga a las familias a elegir entre pagar la luz o comer.

El flagelo de la droga en el barrio 7 de Mayo

La falta de presencia estatal no solo se refleja en las ollas vacías, sino también en el avance del narcotráfico. En zonas como el barrio 7 de Mayo, la situación es alarmante: niños de entre 10 y 12 años se encuentran atrapados en el consumo y la venta de estupefacientes.

La ecuación es dolorosamente simple. Ante la ausencia de escuelas de contención, talleres de oficios, clubes deportivos y oportunidades a futuro, las redes narco ganan terreno rápidamente, reclutando a menores de edad que son utilizados como último eslabón de comercialización en un entorno de extrema marginalidad.

Judicialización de las organizaciones sociales

Mientras los barrios exigen mayor presupuesto para asistencia y educación, las organizaciones sociales enfrentan una fuerte presión judicial. Con allanamientos recientes y un juicio programado para el próximo 8 de agosto, varios referentes se encuentran bajo la mira de la Justicia por presunta defraudación al Estado en el manejo de cooperativas.

Desde las organizaciones rechazan estas acusaciones, catalogándolas como una “persecución política”. Argumentan que los fondos cuestionados fueron invertidos en infraestructura real y comprobable, como la construcción de un centro para mujeres víctimas de violencia de género, y sostienen que esta criminalización busca invisibilizar el verdadero problema: el hambre en los barrios.

Autogestión como única salida

Frente a un Estado que consideran ausente, la autogestión sigue siendo el motor de la supervivencia comunitaria. Para poder sostener la ayuda y cubrir gastos operativos que el gobierno no asume (como reparaciones, insumos menores o asistencia urgente), los comedores recurren a la solidaridad ciudadana.

Actualmente, muchas de estas organizaciones se encuentran impulsando rifas y sorteos —como la inminente canasta por el Día del Amigo—, demostrando que, allí donde los recursos oficiales no llegan, el tejido social es lo único que evita el colapso total de las familias más vulnerables de la provincia.

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