El Gobierno de la Provincia del Neuquén informó que este domingo el Ministerio Público Fiscal dispuso una orden de desalojo que derivó en un procedimiento policial en los accesos a Casa de Gobierno. La medida respondió a la ocupación del espacio público por parte de representantes de cuatro comunidades indígenas, que bloqueaban el ingreso principal al edificio gubernamental.
Según se indicó oficialmente, hubo reiterados intentos de diálogo por parte del Ejecutivo provincial antes de que se solicitara la intervención judicial. La acción directa de los manifestantes generó alteraciones en el funcionamiento institucional al impedir el ingreso de empleados, funcionarios y ciudadanos. En días previos, también se había ocupado una oficina pública, hecho que fue considerado de gravedad institucional.
Durante la protesta se instalaron carpas, cocinas, baños químicos y animales, lo que provocó molestias a vecinos y comerciantes. Algunos manifestantes se encadenaron a las barandas y bloquearon rampas para personas con discapacidad, expresando que no se retirarían hasta obtener personerías jurídicas, sin cumplir con los requisitos legales vigentes.
Frente a esta situación, el Ministerio Público Fiscal dispuso el despliegue de personal policial para intimar a los ocupantes a desocupar voluntariamente en un plazo de dos horas. También se autorizó el uso de la fuerza pública de manera proporcional, en caso de resistencia, resguardando la integridad física de todas las personas presentes.
El procedimiento se llevó a cabo conforme a los protocolos establecidos. Las personas demoradas fueron liberadas tras constatar que no presentaban lesiones.
El Gobierno provincial reiteró su compromiso con el diálogo como herramienta para resolver conflictos, al tiempo que ratificó su deber de garantizar el cumplimiento de la ley y el funcionamiento de las instituciones democráticas.
