El Gobierno de Neuquén despidió a una auxiliar de servicio del sistema educativo por haber presentado certificados médicos falsos, presuntamente vinculados a una pérdida fetal. La medida fue oficializada a través de un decreto provincial, luego de una investigación interna llevada adelante por el Consejo Provincial de Educación (CPE).
La mujer despedida, identificada como Lucía del Carmen Della Longa, se desempeñaba en el Jardín de Infantes N° 28 de la ciudad de Neuquén. Según consta en el expediente, entre febrero y marzo de 2023 acumuló múltiples inasistencias presuntamente injustificadas. Posteriormente, intentó justificar esas ausencias con dos certificados médicos que generaron dudas entre las autoridades.
Certificados bajo sospecha
Uno de los documentos, fechado el 10 de enero de 2023, indicaba un reposo laboral de 20 días por riesgo de aborto. El otro, del 30 de enero, extendía el reposo por 45 días debido a una supuesta pérdida fetal. Ambos certificados presentaban irregularidades: el primero estaba cortado en su parte superior, sin membrete ni identificación clara del profesional firmante; el segundo tampoco contaba con una validación fehaciente.
Al no recibir una respuesta clara por parte de la agente ante el requerimiento de mayor información, el CPE solicitó al Hospital Castro Rendón que verificara si la trabajadora había sido atendida en las fechas mencionadas. La respuesta del centro médico fue contundente: si bien la agente tenía antecedentes de atención en el hospital, no había sido atendida en las fechas señaladas y los certificados no coincidían con la letra ni la firma de las médicas mencionadas.
Despido formal y sumario administrativo
El sumario administrativo fue iniciado el 27 de abril de 2023 y concluyó con la decisión de separar definitivamente a la agente de su cargo. La mujer tuvo garantizado el derecho a la defensa, pero no logró desvirtuar las acusaciones.
Desde el Gobierno provincial indicaron que el control de certificados médicos se enmarca en una política más amplia para transparentar el funcionamiento del empleo público y evitar abusos o fraudes documentales.
