El Gobierno, a través de una resolución anunciada por el vocero presidencial Manuel Adorni y el ministro de Desregulación y Modernización Federico Sturzenegger, prohibió la asignación hereditaria de cargos en la administración pública. Hasta ahora, esta práctica permitía que familiares o cónyuges de empleados fallecidos accedieran a sus puestos de trabajo en organismos como la AFIP, Banco Central y Banco Nación.
Según el comunicado, esta medida profundiza la política de reducción del Estado, que ha incluido un recorte del 15% de la plantilla pública y el impulso de jubilaciones. La prohibición incluye controles sobre convenios sindicales que intenten incluir estos beneficios.
Este cambio busca terminar con los privilegios que colocaban a empleados estatales por encima de otros trabajadores, promoviendo el acceso a cargos públicos sólo por mérito. La decisión reabre el debate sobre la igualdad de oportunidades y la eficiencia en la administración pública.
El gobierno asegura que la medida responde a principios de igualdad establecidos en la Constitución Nacional.
Afecta a instituciones en todos los niveles, eliminando prácticas medievales de “casta laboral”.
Refuerza la política gubernamental de reducir la planta estatal y racionalizar su funcionamiento.
