Las denuncias a la línea 134 por el manejo de los planes sociales se multiplican a diario. Aunque las organizaciones apuntadas hablan del 2 por ciento, como un supuesto límite reglamentado, hay casos que llegaban a pedir hasta la mitad del dinero entregado por el Estado. Y lo más llamativo es que algunos de los “aportes” se rendían por transferencia bancaria, un mecanismo insólito que ahora debería simplificar la investigación.
Uno de los casos ingresados a través de la línea 134 del Ministerio de Seguridad de la Nación apunta a dos referentes de la organización “La 25″, con sede en la capital salteña. Los denunciados fueron identificados como Paola Aguado y su marido Jorge Rios. La denunciante aseguró que esos dos personas le exigían a su madre hasta el 50% del Potenciar Trabajo. La maniobra se habría repetido durante un año.
”Estos últimos días le pedía que le pase los datos de la cuenta y también el usuario para verificar ellos. Donde nosotros le dijimos que no porque son datos confidenciales de mi madre. También le solicitaba que le pase captura de los últimos movimientos de la tarjeta. Espero una respuesta favorable gracias (sic)”, dice el expediente administrativo que se terminó sumando a una mega causa a cargo del juez federal Ariel Lijo, donde más hay más de 1000 casos.
La denuncia contra los referentes de “La 25″ incluye conversaciones recientes de WhatsApp y varios audios que exponen todo el mecanismo extorsivo. Las pruebas revelan que los “aportes mensuales” iban directamente a las cuentas bancarias de los apuntados o de sus familiares directos.
La mujer que debía entregar la mitad de su plan luego mandaba los comprobantes de cada transferencia. En los chats aparecen los montos de cada movimiento, el CUIT del destinatario, y el número de cuenta en el Banco Nación. Según los chats aportados, Rios utilizaba para recaudar una cuenta de un joven de apenas 19 años, identificado como N.M.R.
En uno de los audios que acompañan la denuncia, se escuchan una serie de recriminaciones, llamativamente, de quien se quedaba con parte de los planes. “Usted nos jugó chueco a nosotros”, le dice a la mujer que realizaba las transferencias todos los meses.
En otro de los audios se escucha la voz de una mujer. “Ustedes van a cobrar el aguinaldo, que es de 22.000 pesos. Ahora voy a estar diciendo cuando es de 22.000 y ahí ya no se paga aporte nada de eso… ahí ya sería 11 y 11. Yo pago ahora el aporte, yo les pago el aporte ahora y el mes que viene lo pagás vos el aporte”, arranca la conversación.
Luego se suman voces masculinas. Entre todos intentan convencer a la mujer de los aportes. “Bueno, listo. Mandame un CBU, porque yo te digo la verdad no tengo para venir. Compre unas cosas”, termina admitiendo la denunciante.
La causa que tramita en el juzgado de Lijo -uno de los dos candidatos propuestos por el Gobierno para integrar la Corte Suprema- incluye denuncias sobre al menos nueve marchas organizadas por los grupos sociales desde la asunción de Javier Milei. Una de las protestas fue el 22 de diciembre del año pasado, cuando varias organizaciones se movilizaron en rechazo al decreto de necesidad y urgencia que desregulaba la economía. Ese día marcharon la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), el FENAT, de CTA Autónoma, la organización Libres del Sur, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), entre otras organizaciones.
El expediente también incluye denuncias sobre la movilización del 24 de enero, con motivo del primer paro general convocado por Confederación General del Trabajo (CGT) y la Central de Trabajadores Argentino (CTA).
La causa que lleva adelante Lijo es mucho más voluminosa que la que investigan el juez Sebastián Casanello y el fiscal Gerardo Pollicita. “Tenemos más de 1000 formularios de denuncias ingresadas a través del 134, estamos analizando cada caso y determinando quiénes eran los que hacían las amenazas”, apuntó la misma fuente. Pese a que la causa recién comienza, Lijo ya ordenó informes de cuentas y varias declaraciones testimoniales.
El expediente de Casanello comenzó con más de 900 casos, pero se tomaron en cuenta solo 45, por hechos que habrían ocurrido en la Capital Federal. De ese total, los investigadores lograron ubicar a 7 personas y 5 terminaron declarando como testigos de identidad reservada. El resto de los casos fueron desparramados por más de 30 juzgados federales del interior del país.
En cambio, Lijo decidió quedarse con los más de 1000 casos que le entregó el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich.
Fuente: Infobae
