Acorralado por las denuncias y la presión de la oposición, el portavoz del Gobierno confirmó que ya entregó su documentación contable. Sin embargo, su explicación encendió una nueva controversia de proporciones inesperadas: argumentó que el salto en sus números se debe a que, durante años, manejó parte de su economía por fuera del sistema formal.
La novela sobre la declaración jurada de Adorni sumó un capítulo tan sorprendente como polémico. Luego del fuerte ultimátum emitido por diversos bloques de la oposición en el Congreso, el vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó que finalmente presentó la documentación que detalla su patrimonio. Pero lejos de apaciguar las aguas, su defensa desató un escándalo aún mayor.
Consultado sobre las marcadas inconsistencias entre sus ingresos históricos conocidos y los fondos necesarios para afrontar la millonaria construcción de su vivienda en el country Indio Cua, el funcionario eligió una justificación insólita para alguien que ocupa un cargo de tan alta jerarquía en el Estado: admitió haber tenido ahorros “en negro”.
“La economía de los argentinos” como escudo
En su intento por despejar las acusaciones de enriquecimiento ilícito derivadas de su actual rol en la Casa Rosada, Adorni argumentó que su capacidad de inversión inmobiliaria proviene de ahorros forjados en el sector privado durante años.
Según su postura, la diferencia entre lo que decían sus viejas declaraciones juradas y su poder adquisitivo real responde a la informalidad endémica del país. Es decir, blanqueó discursivamente que parte de su capital no estaba declarado ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (ex AFIP, actual ARCA) para, supuestamente, protegerse de la presión tributaria y la inestabilidad económica de las gestiones anteriores.
Admitir públicamente la evasión impositiva —aun bajo la figura de “ahorros en negro” previos a la función pública— representa un error no forzado gravísimo para el discurso de transparencia y legalidad que intenta sostener el Gobierno.
El impacto político de la confesión
La excusa del vocero generó un efecto boomerang inmediato. Si bien buscó desvincular la construcción de su casa de los fondos del Estado, terminó reconociendo una infracción fiscal sistemática.
En el arco opositor y en los pasillos de Tribunales, las declaraciones no pasaron desapercibidas y ya evalúan los próximos pasos:
- La lupa fiscal: Especialistas tributarios advierten que esta admisión pública podría obligar al ente recaudador a iniciar una investigación de oficio sobre la trazabilidad de esos dólares o pesos informales que ahora se están inyectando en la construcción en Indio Cua.
- El peritaje sigue su curso: Mientras tanto, la Justicia avanza con el análisis del celular del contratista de la obra. Los chats y presupuestos recuperados de ese dispositivo serán fundamentales para contrastarlos con los “ahorros” que el vocero dice haber utilizado.
Lo que pretendía ser una salida elegante para calmar las críticas por la declaración jurada de Adorni, terminó convirtiéndose en un sincericidio político que le suma un nuevo dolor de cabeza al presidente Javier Milei.
