Una empresa de limpieza denunció juicios laborales en el Centro Atómico Bariloche por más de $1.000 millones y cuestionó un esquema recurrente de reclamos tras los cambios de concesionarios.
Los juicios laborales en el Centro Atómico Bariloche volvieron a encender el debate sobre la denominada industria del juicio en la Argentina. Una empresa de servicios de limpieza denunció un mecanismo recurrente de demandas millonarias tras la pérdida de una licitación en el Centro Atómico Bariloche (CAB), donde enfrenta un reclamo judicial que supera los $1.000 millones.
El caso se desarrolla en San Carlos de Bariloche y tiene como protagonista a La Mantovana, una firma con más de 55 años de trayectoria en servicios generales. El conflicto, que escaló a la Justicia, se encuentra actualmente bajo análisis del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro.
El origen del conflicto
Según explicó el área jurídica de la empresa, el litigio se originó en 2024, cuando La Mantovana perdió la licitación del servicio de limpieza del CAB luego de cinco años de prestación continua, con personal encuadrado en el Sindicato de Obreros de Maestranza (SOM). Tras la finalización del contrato, 49 trabajadores se dieron por “autodespedidos” y promovieron acciones judiciales reclamando indemnizaciones y diferencias salariales.
Los demandantes solicitaron, además, que se determine qué convenio colectivo debía aplicarse, exigiendo el encuadre bajo el convenio de Comercio, pese a que —según la empresa— el centro científico no desarrolla actividad mercantil, por lo que dicho régimen no correspondería.
La demanda inicial fue estimada en $200 millones, pero por la actualización de intereses judiciales el monto trepó a $1.080 millones en octubre de 2025.
Una práctica habitual en las licitaciones del CAB
Desde el sector empresario describen el caso como parte de una costumbre no escrita en el CAB: cada vez que cambia el concesionario, el personal es absorbido por la nueva empresa, aunque los pliegos no establecen esa obligación. De acuerdo con esta práctica, los empleados cobran indemnización por antigüedad y continúan trabajando con el nuevo prestador del servicio.
En esta última licitación, La Mantovana fue descalificada en el rubro sostenibilidad laboral por aplicar el convenio del SOM y proponer la obra social correspondiente, frente a la exigencia histórica —aunque informal— de utilizar el convenio mercantil. La licitación fue finalmente adjudicada a la empresa Linser, cuya oferta resultó un 20% más cara que la anterior, según datos del proceso.
Altas tempranas y reclamos judiciales
Tres días antes de que venciera formalmente la concesión de La Mantovana, los 49 empleados firmaron el alta temprana en la nueva empresa, aun cuando Linser todavía no había comenzado a operar en el CAB. Días después, se dieron por despedidos e iniciaron las demandas.
“Se inscribieron como personal de otro empleador mientras aún trabajaban con La Mantovana, lo que vulnera el principio de buena fe contractual”, señalaron los abogados de la firma. De este modo, avanzaron con reclamos por despido indirecto e indemnizaciones sin que existiera una interrupción laboral real.
La empresa sostuvo que los trabajadores invocaron una supuesta falta de continuidad laboral, algo que calificó como incorrecto, ya que no intimaron previamente y, además, “se les exigió que retomaran sus tareas y nunca quisieron volver a trabajar”.
El fallo y la instancia actual
Ante la magnitud del reclamo, La Mantovana rechazó acuerdos expeditivos y optó por litigar con prueba completa. Presentó documentación ante la Cámara Primera del Trabajo de Bariloche, incluyendo recibos, nóminas, certificaciones y protocolos de transición, en un expediente unificado por acumulación de causas.
El 15 de septiembre de 2025, el tribunal dictó sentencia de primera instancia. Desestimó la multa prevista en el artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo, pero admitió parcialmente otros rubros salariales e indemnizatorios. El monto central de condena fue certificado en más de $814 millones.
Para garantizar el proceso, la empresa constituyó un seguro de caución por $1.036.655.091,31, que incluye honorarios, IVA, caja forense y tasa de justicia. Actualmente, el expediente continúa en trámite ante el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, donde La Mantovana presentó un recurso de casación solicitando la revisión del fallo.
“Decidimos enfrentar el sistema de acuerdos forzados y litigar con prueba completa. Está acreditado el encuadre sindical, las certificaciones y las altas previas en el nuevo empleador con cobertura de ART”, afirmaron desde la empresa. “No vamos a convalidar una matriz de reclamos seriales que castiga a quien cumple. Confiamos en que el Superior Tribunal ponga las cosas en su lugar”, concluyeron.
