La falta de gas en Neuquén golpea con crudeza a más de 3500 familias de Valentina Norte Rural. En medio de temperaturas bajo cero y el riesgo constante de incendios, los vecinos exigen la expropiación de tierras y respuestas urgentes del gobierno.
La falta de gas en Neuquén expone una de las contradicciones más dolorosas de la región: mientras la provincia se consolida como el motor energético del país gracias a Vaca Muerta —la segunda reserva de gas no convencional más grande del mundo—, miles de capitalinos sufren el rigor del invierno sin acceso a la red de servicios básicos. Esta dramática realidad empujó a los vecinos de Valentina Norte Rural a movilizarse y cortar el tránsito en la rotonda de Plus Petrol.
El riesgo de vida en conexiones precarias
Angie Candia, vecina del sector, describió una situación desesperante. “El frío duele”, afirmó, detallando cómo las familias amanecen con sus pertenencias congeladas debido a las duras temperaturas bajo cero. Sin gas natural, la única alternativa para calefaccionarse es la electricidad, pero la falta de regularización en el barrio obliga a los vecinos a depender de conexiones informales y altamente peligrosas.
Este escenario ya ha cobrado un precio altísimo. Candia recordó con dolor que, en 2019, un niño de 12 años perdió la vida en un incendio originado por estas condiciones precarias. Hoy, el miedo persiste ante los constantes focos de incendio en las térmicas de las viviendas. Para agravar la situación, la alternativa del gas envasado es económicamente insostenible: una garrafa cuesta alrededor de 40.000 pesos y apenas rinde tres días.
La traba dominial y el reclamo de expropiación
El problema de fondo radica en la titularidad de las tierras, pertenecientes a la sucesión Fava. Si bien en los últimos años los vecinos lograron ciertos avances a través de la ley de mensura, necesitan la prescripción dominial o la expropiación definitiva para que las empresas prestadoras puedan ingresar al barrio a instalar los servicios legales de agua, luz y gas.
Existe un proyecto aprobado por el Concejo Deliberante en 2021 que declara la utilidad pública de la zona, pero su ejecución sigue paralizada. Mientras tanto, más de 3.500 familias —algunas asentadas hace seis décadas— habitan un sector que carece de escuelas, espacios verdes y cloacas. Solo cuentan con un pequeño centro de salud que los propios vecinos debieron defender con un “abrazo simbólico” para evitar su cierre.
A pesar de la gravedad del cuadro, los manifestantes denuncian una ausencia total de funcionarios municipales y provinciales en el lugar del reclamo. Frente a la inacción oficial, las asambleas barriales evalúan endurecer las medidas y trasladar los cortes a otros puntos neurálgicos de la ciudad.
