El Gobierno nacional promulgó la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad, tras el rechazo del veto presidencial por parte del Congreso. La norma fue publicada en el Boletín Oficial mediante el Decreto 681/2025 y tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026.
Pese a la promulgación, la aplicación quedó suspendida hasta que el Parlamento defina partidas y financiamiento. Según el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el impacto fiscal supera los 3 billones de pesos, equivalente al 0,35 % del PBI.
El costo proyectado contempla $2,16 billones en 2025 por la creación de la nueva pensión y $4,7 billones en 2026, además de recursos para el Programa Incluir Salud y una compensación de emergencia para prestadores.
El Ejecutivo advirtió que el Congreso no precisó cómo se financiarán los gastos, lo que impide su implementación inmediata.
