En un nuevo capítulo de tensión con el Gobierno nacional, la oposición en la Cámara de Diputados consiguió dictamen para una nueva ley jubilatoria que apunta a recomponer ingresos y subsanar el vencimiento de la moratoria previsional. La sesión en el recinto quedó programada para el próximo martes 20 de mayo, con la amenaza latente de un veto presidencial que podría reactivar la disputa por los dos tercios.
El dictamen con mayor consenso entre bloques moderados propone reemplazar la moratoria caída por una prestación proporcional, basada en la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), incorporando un adicional según los años de aporte. La iniciativa fue respaldada por sectores de la UCR, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, la Coalición Cívica y una parte del PRO cercana al expresidente Mauricio Macri.
En paralelo, se debatió la posibilidad de recomponer los ingresos de los jubilados que perciben la mínima. El kirchnerismo propuso elevar el bono de $70.000 a $115.000 y actualizarlo por inflación, mientras que otros bloques impulsaron un monto menor de $100.000, también con actualización automática. La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que esta medida tendría un impacto del 0,30% del PBI anualizado.
El Frente de Izquierda y Unión por la Patria insistieron con prorrogar la moratoria previsional por dos años, pero la iniciativa cosechó poco apoyo fuera de sus espacios. Además, propusieron modificar la PUAM para permitir el ingreso de mujeres desde los 60 años, eliminar incompatibilidades con la pensión por viudez y hacerla compatible con trabajo formal.
En contraposición, sectores del PRO alineados con la ministra Patricia Bullrich propusieron crear una comisión especial para debatir una reforma previsional integral, lo que fue leído por la oposición como un intento de dilatar el tratamiento.
Con este escenario, la oposición buscará aprobar la nueva ley la próxima semana. Pero si el presidente Javier Milei decide vetarla, como ya ocurrió con la fórmula de movilidad en 2024, el desafío será alcanzar los dos tercios necesarios para insistir con la norma, una misión que el año pasado no logró concretarse.