Defensa del Consumidor aplicará duras multas tras los cortes constantes de telefonía e internet en destinos turísticos clave de la cordillera. El desamparo ante los organismos nacionales y el reclamo por inversiones reales.
La sanción a Movistar en Neuquén es inminente. El gobierno provincial, a través de la Dirección de Protección al Consumidor, confirmó que imputará formalmente a la empresa de telecomunicaciones ante las reiteradas fallas en el servicio de telefonía móvil e internet que mantienen aisladas a varias localidades del interior.
En zonas donde la conectividad es vital no solo para la vida cotidiana de los vecinos, sino también para sostener la actividad turística, el hartazgo llegó a su límite. Poblaciones enteras en destinos como Caviahue, Villa Pehuenia, Aluminé y Loncopué reportaron cortes prolongados y una falta de cobertura alarmante.
Audiencias fallidas y compensaciones irrisorias
Ante la lluvia de denuncias, la provincia tomó cartas en el asunto y convocó a instancias de mediación. Sin embargo, Pablo Tomasini, director provincial de Protección al Consumidor, explicó que las audiencias de conciliación fracasaron rotundamente.
La estrategia de Movistar frente a los usuarios damnificados consistió en ofrecer devoluciones mínimas, limitándose a descontar de la factura los días específicos en los que no hubo servicio. Para el Estado provincial, esta postura es inaceptable, ya que no resuelve el problema de fondo: la absoluta falta de infraestructura e inversión en la región.
Frente a esta negativa a mejorar la red, Tomasini confirmó que se iniciará el proceso de imputación contra la prestadora por incumplimiento de contrato, falta al deber de información y por colocar al consumidor en una situación de extrema vulnerabilidad.
El contexto nacional: Desregulación y abandono
El conflicto neuquino se da en un marco nacional de profunda desprotección para los usuarios. A principios de este año, el Gobierno Nacional emitió el DNU 302/2024, el cual derogó normativas anteriores y eliminó el carácter de “servicio público esencial” para las telecomunicaciones, liberando los precios de internet, cable y telefonía móvil.
A esta desregulación tarifaria se suma el virtual desmantelamiento operativo del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom). Ante la falta de un organismo nacional de control que fiscalice las inversiones y la calidad del servicio, son las direcciones provinciales las que deben salir a dar respuestas y aplicar las normativas locales de defensa al consumidor.
Para Neuquén, garantizar la conectividad dejó de ser un simple trámite administrativo para convertirse en una política de Estado. Sin antenas ni datos móviles, el desarrollo del turismo receptivo en la cordillera y el crecimiento de las economías regionales se enfrentan a un cuello de botella que, a partir de ahora, comenzará a costarle muy caro a las empresas incumplidoras.
