Más de 340 familias invirtieron sus ahorros en una cooperativa que prometía lotes en la meseta. La falta de control estatal y el drama del déficit habitacional en una provincia petrolera que no para de crecer.
La estafa con viviendas en Neuquén sumó un nuevo y decisivo capítulo judicial con la inminente formulación de cargos a Jorge Salas, un avance que cientos de familias damnificadas esperaban tras años de incertidumbre. La ilusión de acceder al techo propio se transformó en una pesadilla de pasillos, reclamos y profundas irregularidades en la operatoria de los loteos ubicados en el sector de la meseta.
En una provincia que atrae a miles de personas anualmente por el fenómeno de Vaca Muerta, el déficit habitacional supera las 70.000 viviendas, según estimaciones de organizaciones sociales y relevamientos provinciales. Este cuello de botella genera un terreno fértil para que proliferen proyectos inmobiliarios sin respaldo.
El avance judicial y el reclamo de las víctimas
Víctor, uno de los más de 340 socios afectados por esta situación, destacó que la imputación a Salas es el resultado del trabajo colectivo de los damnificados para lograr ser escuchados. Durante la entrevista radial, el denunciante explicó que la operatoria vendía la ilusión de un terreno en tierras que pertenecerían al ejército, cobrando cuotas sociales y pagos por lotes que nunca se entregaron.
“Fuimos a buscar una oportunidad de tener el acceso a un pedazo de tierra, a una vivienda, algo tan básico como un derecho humano”, expresó el damnificado, subrayando que hay personas que invirtieron indemnizaciones completas y familias que, tras siete años de aportes, siguen alquilando.
La falta de controles del Estado
Uno de los ejes más críticos de esta estafa con viviendas en Neuquén es la falta de auditoría gubernamental. Las víctimas denuncian que se permitió operar a la cooperativa a pesar de presentar fallas graves y falta de transparencia en sus manejos.
“Nadie que forma una cooperativa piensa que se va a hacer millonario o que va a acomodar a su familia”, apuntó Víctor, cuestionando por qué los funcionarios con poder de policía dejaron que el sistema siguiera funcionando cuando ya presentaba irregularidades evidentes. Los afectados sostienen que el Estado ha “tercerizado” su responsabilidad constitucional de garantizar el acceso a la vivienda en estas organizaciones sin fines de lucro.
Una crisis habitacional que duele en la capital petrolera
Neuquén se proyecta al país como una capital en plena expansión, pero esconde una profunda desigualdad. Mientras el centro de la ciudad se llena de edificios de primer nivel, la realidad marca que solo el 10% de los habitantes cuenta con salarios petroleros.
El resto de la población trabajadora queda excluida de un mercado inmobiliario dolarizado e inaccesible, empujándolos a confiar en carpetas y cooperativas que, sin el debido control estatal, terminan jugando con la necesidad y los ahorros de toda una vida. Hoy, la justicia tiene la palabra para determinar las responsabilidades penales de quienes lucraron con la necesidad habitacional.
