El Gobierno nacional resolvió posponer el tratamiento legislativo de las reformas estructurales más relevantes, como la reforma laboral y la impositiva, hasta después de las elecciones legislativas de octubre. La decisión responde a la expectativa de un nuevo escenario parlamentario más favorable a partir del 11 de diciembre, fecha en la que asumirán los legisladores electos.
Desde la Casa Rosada estiman que La Libertad Avanza incrementará su representación tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, lo que permitiría avanzar con mayor margen en la discusión de proyectos que hasta ahora enfrentaron resistencia legislativa. Uno de los puntos de quiebre fue el reciente rechazo a la fórmula de movilidad jubilatoria y la negativa del Congreso a prorrogar las facultades delegadas al Poder Ejecutivo.
Mientras tanto, el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, conducido por Federico Sturzenegger, trabaja en el diseño técnico del nuevo paquete de reforma laboral, orientado a la simplificación de normas y a la “modernización del régimen de empleo”.
Uno de los ámbitos de trabajo será el Consejo de Mayo, relanzado en junio, donde se espera avanzar en la agenda de reformas laborales y fiscales con participación de sectores empresariales, académicos y sindicales.
Cambios proyectados en los códigos Penal y Civil
Además de las reformas económicas, el Gobierno elabora modificaciones al Código Penal y al Código Civil y Comercial. Bajo la órbita del Ministerio de Justicia, liderado por Mariano Cúneo Libarona, ya circula un borrador elaborado por la Comisión de Reforma integrada, entre otros, por Mariano Borinsky y María Eugenia Capuchetti.
La propuesta incluye penas agravadas para delitos como incendios intencionales, ciberdelitos, corrupción y tráfico de menores, así como la incorporación de nuevas figuras penales asociadas a los fraudes con inteligencia artificial y la denominada “pornovenganza”.
En cuanto al Código Civil y Comercial, el objetivo es avanzar en una mayor desregulación de los contratos entre privados, reducir la injerencia estatal y promover mecanismos alternativos de resolución de conflictos, como la mediación o el arbitraje.
