El Gobierno nacional formalizó la disolución del Fondo Fiduciario Procrear, que gestionaba créditos para viviendas familiares, y delegó la administración de los préstamos otorgados al Banco Hipotecario. La medida fue publicada este lunes a través de la Resolución 764/2025 del Ministerio de Economía en el Boletín Oficial.
Esta decisión se enmarca en el Decreto 1018/2024, que autorizó al Poder Ejecutivo a disolver fondos fiduciarios públicos. Según los fundamentos, el programa representaba una “carga fiscal” y presentaba problemas de control y gestión.
Créditos seguirán vigentes bajo nueva administración
A pesar de la disolución, los créditos ya adjudicados continuarán activos bajo la gestión del Banco Hipotecario, respetando las condiciones del contrato original de fideicomiso de 2012.
El Ministerio de Economía instruirá al banco a transferir los montos recaudados, deducidos honorarios y gastos, a la Tesorería General de la Nación. Además, podrá ordenar la venta de carteras de créditos con baja recaudación.
Auditoría reveló falencias en la ejecución del programa
Una auditoría de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) detectó graves deficiencias en el Procrear, tales como demoras en la entrega de viviendas, incumplimientos contractuales, condiciones habitacionales deficientes y falta de actualización de manuales de procedimiento.
La SIGEN concluyó que la gestión “no fue transparente, ágil ni eficiente”, y cuestionó su impacto en el bien común.
Destino de bienes e inmuebles
Los bienes del fondo, incluyendo terrenos y viviendas, quedarán bajo la órbita del Ministerio de Economía, que podrá transferirlos a provincias, municipios o al Estado nacional. En caso de que los terrenos hayan sido aportados por gobiernos provinciales o municipales, podrán ser restituidos parcial o totalmente.
Los inmuebles sin obras en curso pasarán a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), mediante convenios con el Banco Hipotecario y la Secretaría de Obras Públicas.
Proceso de cierre y gestión de causas judiciales
La liquidación del fondo se regirá por el decreto 1018/2024, el contrato original y normativas complementarias. Las causas judiciales en curso serán gestionadas por la Subsecretaría Legal del Ministerio de Economía.
