Un fuerte conflicto judicial volvió a poner en foco a la denominada industria del juicio en la Argentina. Una empresa que presta servicios de limpieza denunció un armado sistemático de demandas laborales en el Centro Atómico Bariloche (CAB), tras ser condenada a pagar más de $1.000 millones por reclamos de 49 trabajadores que continuaron con su empleo, pero se consideraron despedidos y exigieron indemnizaciones.
El caso involucra a La Mantovana, una compañía con más de 55 años de trayectoria, que brindó el servicio de limpieza en el CAB durante cinco años y perdió la licitación en 2024. El conflicto escaló a tal punto que hoy se encuentra bajo análisis del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro.
Según explicó la empresa, al finalizar la concesión, los 49 empleados reclamaron despido indirecto, además de diferencias salariales, pese a que no hubo una interrupción real del vínculo laboral. Incluso, tres días antes de que venciera el contrato, los trabajadores ya se habían dado de alta en la nueva empresa adjudicataria, Linser.
Desde el área jurídica de La Mantovana sostienen que los empleados incumplieron el principio de buena fe, ya que iniciaron acciones legales mientras continuaban trabajando o tenían asegurada su continuidad laboral con el nuevo prestador.
El eje del conflicto: el convenio colectivo
Uno de los puntos centrales de la demanda fue la discusión sobre qué convenio colectivo correspondía aplicar. La empresa encuadró al personal bajo el Sindicato de Obreros de Maestranza (SOM), mientras que los trabajadores reclamaron el convenio del Sindicato de Comercio, argumentando supuestas diferencias salariales.
Desde la firma remarcaron que el CAB no desarrolla actividad comercial, por lo que el encuadre mercantil no correspondería, y señalaron que esta discusión se repite cada vez que cambia la empresa concesionaria.
La demanda inicial rondaba los $200 millones, pero debido a la actualización de intereses judiciales, el monto trepó a $1.080 millones hacia octubre del año pasado. La sentencia de primera instancia fijó una condena superior a $814 millones, que fue cubierta con un seguro de caución por más de $1.036 millones, incluyendo honorarios e impuestos.
Si bien el tribunal rechazó la multa prevista en el artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo, admitió parcialmente los reclamos indemnizatorios y salariales.
Desde la empresa denunciaron que existe una práctica no escrita en el CAB: cada vez que cambia la concesionaria, el personal es absorbido por la nueva firma y cobra indemnizaciones sin perder el empleo. Según La Mantovana, este esquema derivó en reclamos seriales impulsados por los mismos actores en cada licitación.
“Es un armado frecuente que castiga a quien cumple”, sostuvieron desde el área legal, al tiempo que apuntaron contra abogados que, aseguran, repiten las mismas demandas contra todas las empresas que pasan por el CAB.
El caso, en manos del Superior Tribunal
La Mantovana presentó un recurso de casación y ahora espera que el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro revise el fallo. La estrategia de la empresa fue evitar acuerdos rápidos y litigar con documentación completa, aportando recibos, certificaciones y pruebas del traspaso laboral.
“Confiamos en que la Justicia provincial ponga las cosas en su lugar”, afirmaron, en un caso que vuelve a encender el debate sobre el impacto de la industria del juicio laboral en las empresas y en la prestación de servicios esenciales.
