Una llamativa medida fue dispuesta por el Estado neuquino a través del Instituto de Juegos de Azar, y complacida por los privados del sector, incluido la empresa de Casino Magic, de Cristóbal López: se ordenó un paro, disponiendo que “no se realizará la toma de apuestas por parte de los Agentes Oficiales de Lotería La Neuquina ni abrirán las Salas de Juego y Casinos de la provincia”.
La medida, prácticamente inédita, apunta a criticar directamente la posibilidad de que se aplique un nuevo impuesto al juego en Argentina, como parte de la modificación del Impuesto a las Ganancias que se discute en el Congreso nacional.
Según el IJAN, esta posibilidad sería nefasta para las “economías regionales” y reduciría los ingresos de las provincias. En este contexto, el instituto difundió los siguientes considerandos sobre lo que implicaría la eventual aplicación:
- Afecta directamente a las economías locales, ya que reduce los ingresos que las provincias, Lotería Nacional S.E. y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) obtienen de los juegos de azar a través de los entes reguladores competentes en la materia, en sus jurisdicciones respectivas.
- Disminuye, en consecuencia, los fondos que se destinan a asistencia social en cada una de las provincias, en territorio nacional y en CABA. La Constitución Nacional, en su artículo 75, crea las atribuciones del Congreso, las contribuciones directas y la ley convenio sobre regímenes de coparticipación sobre la base de acuerdos entre la Nación y las provincias. Y en su art. 121, establece que “las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al Gobierno Federal y el que expresamente se hayan reservado por pactos especiales al tiempo de su incorporación”. Los juegos de azar forman parte de los poderes no delegados por las provincias.
- Favorece el crecimiento del juego ilegal/clandestino, al elevar la presión impositiva sobre el sector regulado y controlado. El juego clandestino no posee carga impositiva alguna, emplea personal en negro y aprovecha vacíos legales vigentes para comercializar juegos de azar en todas sus variantes.
- Atenta contra las fuentes de trabajo de las 240.000 personas que directamente se emplean en esta industria, de las cuales 150.000 pertenecen a las Salas de Juego; 65.000 a las Agencias Oficiales; y otros 25.000 puestos de trabajo en el turf, en los organismos reguladores y empresas prestadoras de servicios. Además del personal que se desempeña en numerosos sectores económicos como turismo, construcción, gastronomía, transporte, tecnología, seguridad, publicidad, entre otros.
- Los actores privados del sector, desde las Agencias Oficiales (24.970 en todo el país) hasta los concesionarios de Salas de Juegos y Casinos, efectúan el pago de los tributos, aportes y contribuciones establecidas por las respectivas leyes nacionales, provinciales y municipales, como sector de la economía formal. Además, por contratos y licitaciones preexistentes, son obligados a aportar cánones, tasas y comisiones; y a realizar inversiones en turismo, entretenimientos y asistencia social, en general.
- En Argentina, el juego está regulado por el Estado desde 1893, con una carga impositiva muy importante, que es el modelo a seguir por países de Latinoamérica y del mundo.
