Mediación en la nueva ley de alquileres

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A partir de la reciente sanción de la ley de Alquileres, los contratos entre inquilinos y propietarios pasarán a tener una nueva regulación. Entre otros puntos, la nueva norma establece que deberán crearse ámbitos de mediación y arbitraje gratuitos o de bajo costo.

Vale destacar que en nuestra provincia la mediación es voluntaria, y en ningún caso es obligatoria. Para la dirección provincial de Asuntos Gubernamentales, que atiende la temática desde la dirección general de Resolución Alternativa de Conflictos, cuestiones de alquileres e inconvenientes entre propietarios e inquilinos son un tema recurrente de mediación comunitaria, como también lo son los ruidos molestos, o problemas entre vecinos por temas de mascotas o medianeras.

Según explicó el director del área, David Díaz, la mediación comunitaria “es una negociación asistida, que implica juntar a las partes bajo la legislación, y tratar de llegar a un punto de acuerdo y mutuamente beneficioso”.

A diferencia de los procesos judiciales, que terminan resultando muy costosos y duraderos, la mediación comunitaria representa una verdadera alternativa: “desde este otro enfoque se buscan puntos de acuerdos desde la cooperación y la solidaridad”, dijo Díaz, quien agregó que “a través del diálogo y la escucha activa se va construyendo un nuevo escenario”.

Además de la mediación, entre otros puntos la reciente ley incorpora un nuevo cálculo para establecer el precio del alquiler de un inmueble, un plazo mínimo de locación de tres años, e indica que no podrá exigirse el pago de alquileres anticipados por períodos mayores a un mes. Aunque la norma fue sancionada la semana pasada, la misma aún no fue reglamentada y por ende la provincia de Neuquén todavía no adhirió.

En este escenario, hasta el momento la dirección provincial de Asuntos Gubernamentales no ha recibido consultas sobre este tema por parte de inquilinos o propietarios. Sin embargo, el organismo continúa trabajando en aspectos vinculados al DNU N 320/2020, que dispone el congelamiento de las cuotas de alquileres de inmuebles, créditos prendarios de automóviles e hipotecarios, y también establece la suspensión de desalojos hasta el 30 de septiembre.

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