El juez federal Sebastián Casanello dictó la inhibición general de bienes al líder piquetero del Polo Obrero Eduardo Belliboni en el marco de la causa por presuntas irregularidades en la administración de comedores sociales que el Ministerio de Capital Humano trató de “fantasmas”.
La medida incluye cuentas bancarias, tarjetas de crédito, billeteras virtuales y cualquier otro medio económico – financiero que tenga el dirigente social vinculado al PO.
Belliboni está citado a indagatoria en el marco de esta causa para el próximo 26 de junio, por los presuntos delitos de defraudación en perjuicio de la administración pública y extorsión al recibir fondos del Estado para comedores que no existían.
Casanello interviene como juez federal porque el dinero para planes sociales y para la manutención de los comedores proviene de fondos de índole nacional durante las últimas administraciones. Ahora, el Gobierno cortó estos fondos y presentó esta denuncia.
La causa contra Belliboni por los comedores fantasmas
El llamado a indagatoria se concretó luego de que se sospechara del manejo de dinero de la organización a través de facturas truchas y gastos dibujados en los comedores sobre los que sospecha la cartera que conduce la ministra Sandra Petovello.
El juez citó a indagatoria a 23 acusados que se realizarán en seis audiencias que comenzarán el próximo 11 de junio y se extenderán hasta el 25, cuando sea el turno de Belliboni. Ayer, Belliboni se presentó en la causa con la representación de la abogada Liliana Alaniz.
La denuncia surgió el 20 de diciembre, fecha en la que el Polo Obrero realizó la primera marcha contra Javier Milei y se habilitó el número 144 para poder realizar denuncias. De allí derivaron los testigos que ahora participan de la causa por la que se lo inhibió al dirigente social.
Según el juez se comprobó “el empleo de facturación apócrifa y la simulación de gastos no concretados -al menos a través de las firmas “Ediciones e Impresiones Rumbos SRL” y “Coxtex SA”-, para disfrazar el verdadero uso de una parte importante de los fondos”.
“Se trató de montos significativos que fueron canalizados a través del uso de diferentes personas jurídicas, con la finalidad de obtener un beneficio particularizado. Así, lo público se confundió con lo privado al financiar actividad partidaria”, consideró.
