Gobierno de la Provincia del Neuquén

Verificación polémica

Una nueva arremetida contra el convenio firmado por el gobierno de Horacio Quiroga y la Cámara Argentina de Talleres de Revisión Técnica (Cataret) protagonizó la oposición política al oficialismo municipal en el Deliberante, que prometió volver a eludir, con una nueva votación, el veto impuesto por el Intendente a la anulación del contrato.

Los concejales del MPN y de la CC-Ari (también con el respaldo de Libres del Sur) eligieron dar a conocer la situación junto al empresario Eduardo Gesumaría, titular de la empresa Veritécnica SRL, una que las firmas que asegura ser perjudicada por lo que se identifica como un monopolio con complicidad del gobierno municipal.

Gesumaría afirmó que Cataret fue conformada y es dirigida “por la familia Tello”, que a su vez tiene el taller donde se realizan las verificaciones técnicas, y que no cuenta con la inscripción en AFIP y no tiene personal.

“Quiroga le ha otorgado a la cuestionada Cámara la atribución de habilitar y clausurar los talleres de verificación técnica. Lo escandaloso es que el Presidente de Cataret, Hugo Tello, también resulta ser dueño del taller inaugurado en Neuquén con la firma del Convenio. Así, Tello se convierte en juez y parte del negocio de las Verificaciones Técnicas, toda esta maniobra estaría avalada por el Intendente” afirmó el empresario, acompañado por los concejales del MPN Juan Pablo Prezzoli, Juan Patricio Zingoni, Andrea Ferracioli y los concejales del CC-ARI Juan José Dutto y Anaí Guillem.

Gesumaría destacó además que en su taller se hace la verificación técnica de los colectivos de la empresa Indalo-Autobuses Santa Fe, porque el taller habilitado (el de Tello) “no tiene la infraestructura necesaria”.

El presidente del bloque del MPN, Juan Pablo Prezzoli, aseguró que “con todas estas pruebas, el monopolio quedó al desnudo. Horacio Quiroga pretende someternos a los neuquinos a un nuevo contrato abusivo con fines meramente recaudatorios”.

Sostuvo que  “hay que ponerle un punto final a éste negocio redondo nacido entre gallos y medianoche y sin licitación.”.

Tanto el MPN como la CC-Ari y el bloque de Libres del Sur, anticiparon que insistirán con la Ordenanza para rescindir el “cuestionado contrato”.

“Queremos garantizar la libre competencia y priorizar la recuperación del estado de las calles antes que salir a atentar contra los bolsillos de los vecinos en una ciudad que se ha convertido en una carrera contra el bache”, sostuvo Prezzoli.

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