Gobierno de la Provincia del Neuquén

Un caso impactante

Jorge García, marido de Angela Garro, la mujer que lo denunció por secuestro y maltrato, y después se retractó, originando una historia de idas y vueltas que incluyó la sesión de una vivienda oficial para ampararla, fue condenado por acuerdo a tres años de prisión en suspenso y la obligación de ponerse bajo tratamiento psicológico.

Así lo dispuso el juez de garantías Mauricio Zabala, quien avaló el acuerdo alcanzado por el Ministerio Público Fiscal y la defensa, según se informó este viernes 5.

La fiscal Soledad Rangone explicó que el delito de privación ilegítima de la libertada agravada prevé una pena que oscila entre los dos y cuatro años, y que como García no posee antecedentes penales se aplica en suspenso “pero bajo una serie de condiciones que la partes hemos acordado”.

Las pautas de conducta incluyen las establecidas por el artículo 27 bis del Código Penal; comunicar en caso de cambiar de lugar de residencia; realizar un tratamiento psicológico que deberá acreditar cada dos meses a la fiscalía; y abstenerse de ejercer violencia sobre la víctima y su grupo familiar.

Rangone recordó que su expareja –Angela Garro-  también lo había denunciado por obligarla a mantener relaciones sexuales bajo amenaza, pero luego se retractó. En ese contexto, “era imposible para la fiscalía probar en juicio este delito”.

En cuanto a la obligación del tratamiento señaló que el acusado tiene un “perfil de personalidad tendiente a tener problemas legales por violencia doméstica”, de acuerdo con la pericia psicológica que se le practicó.

Según la denuncia original de la víctima, el imputado violó una prohibición de contacto y acercamiento y la interceptó a mediados de 2015 en el barrio Atahualpa. Mediante golpes la obligó a subir a su auto y la transportó a su domicilio en el barrio Colonia Rural Nueva Esperanza, donde la mantuvo privada de la libertad. Allí sufrió golpizas y tratos humillantes, entre ellos mantener relaciones sexuales bajo amenaza.

La representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo que hubo testigos que ratificaron sus dichos  y que el examen físico que se le realizó determinó la existencia de hematomas y cicatrices. Asimismo, luego de declarar en cámara Gesell, una profesional relató que los hijos de la pareja vivían inmersos en un contexto de violencia y contaron que su madre no podía dejar el domicilio sin la compañía de su padre.

La víctima repitió este testimonio en una entrevista que le realizan efectivos policiales mientras estaba internada, luego en la comisaría, los reiteró en la fiscalía y, posteriormente, a la psicóloga que la atendió. Sin embargo, en una audiencia desarrollada en marzo, afirmó que todo lo que había dicho no era verdad. Para entonces, ya había recibido una vivienda para ella y sus hijos en un plan del Estado, en Cuenca 16 dela capital neuquina.

La fiscal del caso relató que desde el Ministerio Público Fiscal se decidió continuar con el proceso, debido que “ella estaba inmersa en una situación de violencia y que en marzo sus hijos mayores se fueron de su casa al domicilio del padre, y allí comienza a sufrir la presión de su hija más grande para que retirara la denuncia. Consideramos que eso hizo que la víctima cambie sus versión de los hechos”.

Los hechos configuran el delito de privación ilegítima de la libertad agravado por violencia y amenazas y por haber durado más de un mes (artículos 142 incisos 1 y 5 del Código Penal). La defensa estuvo a cargo de José María Varela.

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