Gobierno de la Provincia del Neuquén

Un caño a la Defensoría

Ya tiene ribetes muy singulares la historia del caño del EPAS que el gobierno capitalino cerró por contaminar el arroyo Durán, y que la empresa provincial defiende: el capítulo de este martes incluyó un pedido de intervención del presidente del ente, Mauro Millán, al defensor del Pueblo, Ricardo Riva.

Es, evidentemente, una historia muy especial con repercusión político-electoralista. El hecho de que el gobierno provincial haya acudido al defensor que el Intendente no quería ni quiere, es sugerente al respecto, aunque el procedimiento, por supuesto, haya sido intachable.

Lo concreto fue que  Ricardo Riva recibió a Mauro Millán, quien solicitó la intervención de la Defensoría ante la Municipalidad por la reciente clausura del pozo de bombeo cloacal Nº 12, ubicado en calles Ruival y Palpalá.

Millán le dijo que el caño, cuya instalación “es reglamentaria y obligatoria”, es un recurso excepcional que se utiliza ante contingencias pluvioaluvionales, a fin de evitar un riesgo ambiental a los vecinos.

Riva le pidió información sobre los avances en alternativas técnicas paliativas hasta tanto se realizan las obras de infraestructura necesarias en distintos sectores de la ciudad.

Millán enfatizó que el caño –que conecta una planta de bombeo de líquidos cloacales directamente con el arroyo Durán-  se utiliza “bajo estrictos parámetros y sólo en contingencias, como último recurso ante una emergencia que puede significar un riesgo ambiental a la población”.

Puso como ejemplos de estas emergencias el exceso de caudal por ingreso de aguas de lluvias a las colectoras cloacales; desperfectos mecánicos; roturas por obras de infraestructuras de terceros; entre otras.

La nota presentada por el titular del EPAS adjuntaba copia de la denuncia judicial realizada por el organismo provincial, luego de producida la clausura por parte del Municipio, y copia de la oportuna intervención la Dirección de Recursos Hídricos, en su carácter de autoridad de aplicación del Código Provincial de Aguas, que data de agosto de 1999.

Millán remarcó la importancia de que se restituya el normal funcionamiento del ducto ya que, “de presentarse una contingencia en el pozo de bombeo, con la cañería clausurada, las redes de los barrios aledaños al pozo se colmarán y las viviendas del sector se verán imposibilitadas de evacuar sus efluentes domiciliarios”.

Además, Millán informó que el municipio no solicitó “información alguna respecto de la función que cumple la instalación clausurada y procedió negligentemente en su accionar”.

El Defensor del Pueblo indicó que “se realizarán las acciones correspondientes, para resguardar la salud y seguridad de los vecinos del sector”, según informó la propia Defensoría del Pueblo.

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