Gobierno de la Provincia del Neuquén

Sigue la polémica máxima

El gobierno de Horacio Quiroga atribuyó a una “intencionalidad política” y a la falta de inversión las demoras en la obra de la Colectora Máxima, que habían originado una protesta del EPAS contra el municipio por una dilación en los “permisos” municipales.

El subsecretario de Obras Públicas, Fabián García, además destacó que  “las pruebas de hermeticidad dieron mal, de eso no dijeron nada y ese mayor tiempo de obra no es responsabilidad de la Municipalidad”.

“Hay una clara intencionalidad política cuando se pretende imputar la demora al municipio”, afirmó.

Desde el Municipio se enfatizó en que la obra, que comenzó en marzo de 2014 con una inversión de 25 millones de pesos, debía concluir en septiembre de ese año, y sin embargo “al día de la fecha avanzó sólo un 50 por ciento”.

“Quiero saber si el EPAS multó por este atraso a la UTE CN Sapag y RJ Ingeniería encargada de los trabajos e integrada por las dos mayores contratistas del Estado Provincial”, observó el funcionario, evidentemente con toda la intención de devolver el mandoble político asestado el martes por el gobierno provincial.

Sostuvo que inicialmente la contratista operaba en “dos frentes simultáneos con dos retroexcavadoras y 15 obreros, y hoy hay una sola máquina y ocho obreros como máximo, lo cual lentifica muchísimo el ritmo de obra, y por eso no hay que buscar responsables donde no los hay”.

Explicó que en el convenio con el EPAS y con la contratista, los permisos municipales se articulaba cada 300 metros de obra “a condición de que fuesen arreglando lo que rompían”.

“De hecho dejamos avanzar 2,5 kilómetros y el espacio público sigue destruido”, sostuvo, y destacó que “sin permiso de apertura de zanja siguieron adelante y llegaron a la calle Aluminé donde deben romper el asfalto, una cuestión que van a sufrir los vecinos en forma directa”.

El subsecretario subrayó que se debe respetar el convenio y todos ítems contractuales, “no sólo los más redituables para la UTE, como son el zanjeo y la colocación de la cañería” y llamó la atención en que el retraso de la obra puede implicar la imputación de mayores costos a favor de las contratistas por parte de la provincia.

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