Gobierno de la Provincia del Neuquén

Prostitución divide aguas

Mientras en la Legislatura comenzó el debate y evaluación acerca de la reglamentación laboral de la Prostitución, en el gobierno neuquino hubo una dura reacción contra tal propósito, reafirmando el principio de las Naciones Unidas (1949) de que “la prostitución y el mal que la acompaña, la trata de personas para fines de prostitución, son incompatibles con la dignidad y el valor de la persona humana y ponen en peligro el bienestar del individuo”.

El gobierno se expresó a través de la Subsecretaría de las Mujeres, que está bajo la órbita del ministerio de la Ciudadanía, que conduce Gustavo Alcaraz. La alusión al tema fue directa y tajante: se indica un “presunto debate”, se afirma la inconstitucionalidad de una norma que avale directa o indirectamente la prostitución, y se destaca como “un dislate” pretender realizarla.

“La prostitución, lejos de ser el oficio más viejo del mundo, es la violencia hacia las mujeres, trans y demás cuerpos feminizados, incluidos niños y niñas, más antigua y permanente del planeta. La prostitución de ningún modo puede ser un trabajo, porque es un negocio y la mercancía que se compra y se vende son los cuerpos y las vidas de las personas prostituidas”, se afirmó desde la subsecretaría.

El tema fue tratado hace unos días en la Legislatura, en la comisión de Legislación del Trabajo y Asuntos Laborales. Los diputados recibieron a representantes de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (AMMAR) para comenzar con el tratamiento del proyecto presentado por la organización para “regular el trabajo sexual autónomo dentro del territorio de la provincia del Neuquén”.

Expusieron ante los diputados la presidenta de AMMAR a nivel nacional, Georgina Orellano, la referente local, Teresa Godoy, y el director de Diversidad de la provincia, Adrián Urrutia, entre otros integrantes de la asociación. La presencia y acompañamiento de este funcionario es el que abre una primera contradicción con lo expuesto este viernes 9 desde la subsecretaría de las Mujeres, que forma parte del mismo equipo del ministerio de la Ciudadanía.

Orellano explicó ante los diputados  que el objetivo de la iniciativa es que se termine con la situación de clandestinidad y que las trabajadoras sexuales puedan ejercer los derechos y obligaciones de cualquier trabajador registrado, como acceder a una obra social, hacer aportes destinados a la jubilación y contar con certificaciones de ingresos que les permitan acceder a créditos y les facilite el derecho a la vivienda, entre otros.

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