Gobierno de la Provincia del Neuquén

Petróleo y mapuches

Jorge Sapag fue muy claro este viernes, en Añelo, respecto de las relaciones con la Confederación Mapuche, las comunidades, en el contexto petrolero: el dueño del dominio es el Estado “y no podemos hacer discriminaciones”, sostuvo, en lo que se entendió como un límite preciso a demandas aborígenes.

“No podemos hacer discriminaciones. El tema está muy claro en el artículo 16 de la constitución, y es el de la igualdad ante la ley. No hay distinciones de clases, de raza, de religión”, recalcó el gobernador neuquino.

Ante los periodistas, después del acto por el aniversario de lo que será la principal ciudad del renacimiento petrolero, Sapag destacó que “el dominio provincial excluye a la nación y excluye a los particulares”.

Sostuvo en ese contexto que debe entenderse por tanto que también quedan excluidos de las atribuciones y facultades propias del Estado “todas las organizaciones de los particulares, tanto criollas como mapuches”.

Es un punto importante a considerar, porque en la retórica fácil de muchas organizaciones –incluidas las representaciones mapuches- el principio de dominio del recurso todavía parece no estar muy claro.

“Estas son las reglas de juego para la convivencia y la vida común. Nadie puede ejercer la fuerza legítima, salvo el Estado”, remarcó además Sapag, en alusión a las frecuentes medidas de fuerza que pueden incluir violencia, como ya ocurrió con bloqueos de rutas o tomas de yacimiento, hace apenas unos días.

“La provincia es el poder concedente, la que cuida el medio ambiente. No puede venir una comunidad mapuche, ni criolla, a evitar que se haga la remediación ambiental. El Estado tiene que obligar a todos a que se haga la prevención, o la remediación. No podemos permitir que ningún particular se arrogue la representación del Estado”, reiteró Sapag.

Cuando se le preguntó si la anunciada concesión de la personería jurídica como comunidad mapuche (todavía sigue en trámite) a la familia Campos Maripe, no implicaría abrir la puerta a otras exigencias que precisamente cuestionan el principio constitucional de igualdad ante la ley, Sapag dijo que “(otorgar) las personerías jurídicas es atribución del Estado. Si el estatuto no ofrece inconvenientes…el problema es que el estatuto que quieren algunos elude las leyes”, remarcó.

 

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