Gobierno de la Provincia del Neuquén

Hubo acuerdo en domingo, entre el gobierno de Sapag y los policías

Tras una madrugada de intensas negociaciones y alta incertidumbre, el gobierno neuquino consiguió llegar a un acuerdo con los policías amotinados. Le costó, según se hizo trascender de fuentes oficiales, elevar de los 8 mil pesos otorgados, a 10 mil pesos, el salario de bolsillo inicial para los agentes.

Así, comenzaba este domingo a recuperarse la calma, y se preveía firmar el acuerdo por la tarde. Una vez más, el gobierno de Jorge Sapag llegaba a sostener la “paz social”, con un alto costo económico para las arcas estatales, que todavía deben enfrentar demandas de otros sectores, en un contexto inflacionario potenciado en Neuquén por las expectativas de aumento de la producción petrolera.

El sábado fue de incertidumbre

Se mantenía muy tensa la situación por la rebelión policial en Neuquén y Río Negro. La virtual comunión entre Cipolletti y Neuquén hacía que este gran conglomerado urbano padeciera la falta de garantías para la seguridad, producto de las protestas policiales en ambas provincias. Ni Jorge Sapag ni Alberto Weretilneck habían logrado un acuerdo con los rebeldes.

Si bien no hubo intentos grandes de saqueo, sí se registraron hechos aislados en distintas localidades, y en comercios de la capital provincial. La prevención ganó a los comercios, que se mantuvieron en alerta permanente.

En Neuquén, el gobierno fracasó en su intento de desactivar rápidamente la protesta. Los amotinados se mantenían firmes, en un número que superaba el millar, en la vieja jefatura de Policía. El gobierno, según versiones no oficializadas, ya había abierto la puerta a una eventual participación de Gendarmería en las tareas de seguridad ciudadana. De hecho, se mencionó que más de tres centenares de gendarmes se aprestaban a tomar servicio de seguridad para reforzar la presencia policial en la provincia.

Los policías que mantenían la protesta, acicateados dice el gobierno por un grupo de retirados de la fuerza (lo que le da a la protesta un matiz político más acentuado, conectado de algún modo con la interna del MPN) seguían reclamando un sueldo mínimo no inferior a los 12 mil pesos de bolsillo. El gobierno asegura que hizo su “mayor esfuerzo” llevando el salario a los 8 mil pesos de bolsillo, mínimo.

La expectativa era mayúscula, porque a la protesta policial la siguen de cerca los gremios estatales, empeñados en arrancarle al gobierno una rápida modificación a su política salarial, que mantenía vedado el acceso a nuevos incrementos por este año, más allá de lo ya acordado.

Además, está pendiente una prometida negociación con los profesionales del sistema de salud pública, conflicto que se agravó en los últimos días a partir de los bloqueos de ruta registrados en Añelo, la nueva “perla” del desarrollo petrolero a futuro.

Lo cierto es que el sábado terminó con el conflicto policial a pleno, con advertencias del gobierno de sanciones y descuentos para quienes mantuvieran la medida de fuerza, y con la insistencia de los protestantes de mantenerse firmes en la exigencia de un salario mínimo no inferior a los 12 mil pesos mensuales.

El domingo llegó con una solución partida por la mitad, salomónica aunque comprometedora de los esfuerzos financieros del Gobierno. El pacto fue por 10 mil pesos.

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