Gobierno de la Provincia del Neuquén

Paro en el juego

Una llamativa medida fue dispuesta por el Estado neuquino a través del Instituto de Juegos de Azar, y complacida por los privados del sector, incluido la empresa de Casino Magic, de Cristóbal López: se ordenó un paro, disponiendo que “no se realizará la toma de apuestas por parte de los Agentes Oficiales de Lotería La Neuquina ni abrirán las Salas de Juego y Casinos de la provincia”.

La medida, prácticamente inédita, apunta a criticar directamente la posibilidad de que se aplique un nuevo impuesto al juego en Argentina, como parte de la modificación del Impuesto a las Ganancias que se discute en el Congreso nacional.

Según el IJAN, esta posibilidad sería nefasta para las “economías regionales” y reduciría los ingresos de las provincias. En este contexto, el instituto difundió los siguientes considerandos sobre lo que implicaría la eventual aplicación:

  1. Afecta directamente a las economías locales, ya que reduce los ingresos que las provincias, Lotería Nacional S.E. y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) obtienen de los juegos de azar a través de los entes reguladores competentes en la materia, en sus jurisdicciones respectivas.
  2. Disminuye, en consecuencia, los fondos que se destinan a asistencia social en cada una de las provincias, en territorio nacional y en CABA. La Constitución Nacional, en su artículo 75, crea las atribuciones del Congreso, las contribuciones directas y la ley convenio sobre regímenes de coparticipación sobre la base de acuerdos entre la Nación y las provincias. Y en su art. 121, establece que “las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al Gobierno Federal y el que expresamente se hayan reservado por pactos especiales al tiempo de su incorporación”. Los juegos de azar forman parte de los poderes no delegados por las provincias.
  3. Favorece el crecimiento del juego ilegal/clandestino, al elevar la presión impositiva sobre el sector regulado y controlado. El juego clandestino no posee carga impositiva alguna, emplea personal en negro y aprovecha vacíos legales vigentes para comercializar juegos de azar en todas sus variantes.
  4. Atenta contra las fuentes de trabajo de las 240.000 personas que directamente se emplean en esta industria, de las cuales 150.000 pertenecen a las Salas de Juego; 65.000 a las Agencias Oficiales; y otros 25.000 puestos de trabajo en el turf, en los organismos reguladores y empresas prestadoras de servicios. Además del personal que se desempeña en numerosos sectores económicos como turismo, construcción, gastronomía, transporte, tecnología, seguridad, publicidad, entre otros.
  5. Los actores privados del sector, desde las Agencias Oficiales (24.970 en todo el país) hasta los concesionarios de Salas de Juegos y Casinos, efectúan el pago de los tributos, aportes y contribuciones establecidas por las respectivas leyes nacionales, provinciales y municipales, como sector de la economía formal. Además, por contratos y licitaciones preexistentes, son obligados a aportar cánones, tasas y comisiones; y a realizar inversiones en turismo, entretenimientos y asistencia social, en general.
  6. En Argentina, el juego está regulado por el Estado desde 1893, con una carga impositiva muy importante, que es el modelo a seguir por países de Latinoamérica y del mundo.

 

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