Gobierno de la Provincia del Neuquén

Los principales aspectos modificados del proyecto de ley petrolera

El gobernador Jorge Sapag sostuvo este miércoles que el pacto petrolero fue alcanzado en función de que ni la provincia ni la nación obtuvieron todo lo que querían. “Fue un resultado equilibrado”, dijo, y utilizó una de sus frases distintivas: “cada uno en su casa, Dios en la de todos”.

Lo cierto es que en el texto del proyecto de Ley, que el gobierno pretende que el Congreso apruebe rápidamente, se introdujeron modificaciones que fueron peleadas por las provincias, particularmente, por Sapag y Martín Buzzi, de Neuquén y Chubut. Las siguientes son algunas de las modificaciones incorporadas al proyecto original redactado por Carlos Zannini:

  • Las provincias se aseguran el 2,5% del monto de inversión inicial del proyecto, bajo la figura de la Responsabilidad Social Empresaria (RSE). Lo pagarán las empresas. Además,  recibirán un monto en función de la magnitud y del alcance del proyecto de inversión, para financiar obras de infraestructura. Esto lo deberá  aportar  el Estado Nacional.
  • El artículo 29 establece que las Autoridades de Aplicación de las provincias y la Secretaría de Energía de la Nación confeccionarán dentro de los 180 días a contar desde el inicio de vigencia de la ley, un pliego modelo que podrá ser revisado y actualizado periódicamente según la oportunidad y conveniencia de los concursos. Este pliego se aplicará después, con las singularidades del caso, a toda licitación que se haga.
  • En el capítulo impositivo, se incorporó un anexo, que es en realidad un nuevo pacto fiscal entre Nación y Provincias. Los distritos petroleros se comprometen a que la alícuota del Impuesto a los Ingresos Brutos para la actividad de extracción de hidrocarburos no podrá superar el 3%; y que las provincias y municipalidades no podrán gravar a sus titulares con nuevos tributos ni aumentar los existentes. Se mantiene el impuesto a los Sellos, pero no se podrá incrementar la alícuota más allá de lo que está en vigencia actualmente.
  • Se incorporó el artículo 58 bis, según el cual la Autoridad de Aplicación podrá establecer para las prórrogas de concesiones de explotación, el pago de un bono de prórroga, cuyo monto máximo será igual a la resultante de multiplicar las reservas comprobadas remanentes al final de período de vigencia de la concesión, por el 2% del precio promedio de cuenca aplicable a los respectivos hidrocarburos durante los dos años anteriores al momento del otorgamiento de la prórroga. También se podrá cobrar un “bono de explotación”, con un monto máximo que será igual a la resultante de multiplicar las reservas comprobadas remanentes, asociadas a la explotación convencional de hidrocarburos al final del periodo de vigencia de la concesión oportunamente otorgada, y por el dos por ciento (2%) del precio promedio de cuenca aplicable a los respectivos hidrocarburos durante los dos años anteriores al momento del otorgamiento de la concesión.
  • Respecto de la prórroga de concesiones, las empresas podrán solicitarlas por un plazo de 10 años de duración cada una de ellas. Una vez agotados dichos plazos de prórroga, los titulares de las concesiones de explotación podrán solicitar nuevas prórrogas.
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