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Jaime acordó un año y medio de pena tras admitir un delito

Una pequeña aunque significativa punta del ovillo de la corrupción argentina se desató este miércoles, cuando se supo que el ex secretario de Transporte de la Nación, Ricardo Jaime, reconoció haber cometido el delito de dádivas, con empresarios a los que debía controlar.

Jaime lo hizo para acordar un juicio abreviado con el fiscal Guillermo Marijuán, con una pena de un año y medio de prisión, aunque el juez del caso debe resolver si acepta o no este pacto, según se informó.

Fuentes judiciales informaron que lo mismo hizo Manuel Vázquez, ex asesor de Jaime, y estableció una pena de dos años y medio de prisión, con lo cual de esta manera evitan el juicio oral que debía comenzar el jueves.

El primer efecto del acuerdo es que queda suspendido el juicio oral, pero tanto Jaime como Vázquez fueron citados por Ercolini justamente para el jueves  a las 10.30 a los tribunales de Comodoro Py 2002 a una audiencia en la que los acusados deberán ratificar los términos del juicio abreviado.

Jaime y Vázquez se presentaron en los tribunales de Retiro para hacer el acuerdo judicial con el fiscal Marijuán, que luego fue presentado al juez.

El juicio abreviado implica que el acusado reconoce el delito que se le endilga -que para funcionarios públicos tiene una pena de un mes a dos años, según el artículo 259 del Código Penal-, por lo cual Jaime admitió que Sergio Cirigliano, ex titular de Trenes de Buenos Aires (TBA), le pagó viajes en aviones privados a Brasil, Córdoba y Uruguay.

Jaime y Cirigliano están siendo juzgados por la tragedia ferroviaria de Once y el fiscal de juicio, Fernando Arrigo, pidió ayer que sean condenados a 11 años y a 10 años y 11 meses de prisión, respectivamente, por los delitos de administración fraudulenta y estrago culposo agravado por las 52 muertes y los más de 700 heridos que dejó el hecho.

El ex secretario de Transporte ya tiene una condena a seis meses de prisión por haber intentado robar la prueba de un allanamiento que la Justicia realizó en 2010 en su vivienda de Córdoba en la causa en la que está procesado por enriquecimiento ilícito.

En el juicio abreviado Jaime también reconoció que la empresa TEBA S.A., a la que le extendió la concesión de la terminal de ómnibus de Retiro, le pagó los alquileres y fue su garante de dos departamentos de lujo que ocupó mientras era funcionario público en la avenida Del Libertador y la calle Cerrito.

Los viajes de TBA y los alquileres de TEBA eran los casos por los que Jaime iba a ser juzgado por el delito de dádivas.

Por esos hechos también están acusados Vázquez, su hijo Manuel, Cirigliano, el ex directivo de Aerolíneas Argentinas Jorge Molina y los ex directivos de TEBA Néstor Otero, Alfredo Pielach, Edgardo Preiti y Gabriel Ackerman.

Excepto Manuel Vázquez, que acordó un juicio abreviado, el resto pidió una probation (lo cual no puede solicitar Jaime por su carácter de funcionario público) para hacer tareas comunitarias y también evitar el juicio oral.

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